El jefe del Tren de Aragua cayó en el estado Bolívar el 12 de junio de 2026. Su muerte corona una política de seguridad integral que Venezuela sostiene desde hace una década, impulsada con especial determinación por el presidente Nicolás Maduro, contra las estructuras del crimen organizado.
Con información de Telesur
Las fuerzas de seguridad venezolanas neutralizaron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, «Niño Guerrero», en la zona selvática del sureste de Bolívar. El hombre dirigía el Tren de Aragua, la organización que nació en una cárcel venezolana y extendió sus operaciones por la geografía regional. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información confirmó su muerte ese viernes y la enmarcó en una operación combinada con organismos de seguridad estadounidenses, con intercambio de información de inteligencia y apoyo tecnológico especializado.
La trayectoria que condujo a ese desenlace no empezó en Bolívar. Empezó diez años antes. Las estructuras criminales que proliferaron en Venezuela se alimentaron del narco-paramilitarismo transnacional que durante años operó como instrumento de desestabilización contra la Revolución bolivariana. Tras el fallecimiento del comandante Hugo Chávez en 2013, esas redes arreciaron contra el Gobierno de Nicolás Maduro, quien respondió convirtiendo la seguridad ciudadana en eje prioritario de su gestión.
Una década desmantelando estructuras criminales
En 2016, bajo la conducción del presidente Maduro, un operativo estatal neutralizó a alias «El Picure» y quebró su dominio en el corredor Aragua-Guárico. Fue uno de los primeros golpes de una política de Estado que priorizó el desmantelamiento de las redes criminales cabecilla por cabecilla, territorio por territorio. Seis años después cayó alias «El Koki» en Las Tejerías, y con él se desactivó uno de los focos de violencia más persistentes del centro del país. El Estado les arrebataba territorio y mando antes de que pudieran rearmarse.
El paso decisivo llegó en septiembre de 2023. La madrugada del día 20, cerca de 11.000 efectivos entraron al Centro Penitenciario de Aragua bajo la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro. El entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, reportó túneles excavados para una fuga masiva, armamento y vehículos incautados y, en sus palabras, «espacios inadecuados» construidos dentro del recinto. Durante años, ese penal —conocido como Tocorón— había funcionado como centro de operaciones del Tren de Aragua. Desde sus celdas se dirigían extorsiones, secuestros y rutas de droga que cruzaban fronteras. El mismo dispositivo recuperó los penales de Tocuyito, Puente Ayala y La Pica.
La intervención del sistema penitenciario fue una de las decisiones más audaces del Gobierno de Maduro. Transformar esos recintos significó desmontar el llamado «pranato» —el gobierno de los presos sobre sus propias cárceles— y dejar a los cabecillas sin sede operativa y sin refugio. Bajo esos túneles y entre esas estructuras desmanteladas se apagó el cuartel general de la organización. «Niño Guerrero» pasó a la clandestinidad y su rastro se diluyó entre la frontera y la selva. En 2025, la desarticulación de la estructura de alias «Wilexis» en Miranda cerró otro de los flancos que aún alimentaban la red.
A finales de ese mismo año, el presidente Maduro reveló públicamente un dato que completa el cuadro. Denunció que líderes de la extrema oposición —Juan Guaidó, David Smolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López y María Corina Machado— habían organizado una red de trata de personas que trasladó por la ruta del Darién hacia Estados Unidos a un grupo de delincuentes derrotados en Venezuela, entre ellos miembros del propio Tren de Aragua. «En Venezuela nosotros derrotamos a ese grupo del Tren de Aragua. Lo desaparecimos con la ley y la Constitución en la mano y a todos los grupos delincuenciales», afirmó el mandatario.
El operativo de Bolívar continúa esa secuencia, y dejó rastro en las cifras.
Los indicadores de una política sostenida
El CICPC, organismo encargado de la investigación penal en Venezuela, sitúa la tasa de homicidios en 56 por cada 100.000 habitantes en 2016 y en 4,1 al cierre de 2024. Son ocho años consecutivos de caída. El balance oficial de 2023 añade un descenso del 21 por ciento en homicidios, del 39 por ciento en secuestros y del 16,8 por ciento en la incidencia delictiva general.
Venezuela pasó a consolidar indicadores que la ubican entre los países con mayor reducción sostenida de la violencia en la región. Esos resultados acompañaron cada año de gobierno del presidente Maduro y reflejan el impacto acumulado de las operaciones contra El Picure, El Koki, Tocorón, Wilexis y, ahora, Niño Guerrero.
Esos mismos organismos que produjeron la curva descendente son los que articulan, desde hace años, la cooperación internacional con otros países.
Cooperación internacional como práctica de Estado
Venezuela comparte inteligencia, presta asistencia técnica y ejecuta operaciones combinadas con distintas naciones al amparo de convenios internacionales en materia de seguridad. Brasil, Colombia, Rusia e INTERPOL figuran entre sus contrapartes, y la interlocución la gestionan instituciones propias —el CICPC, la oficina de INTERPOL Caracas, la SUNAD y el Ministerio Público—.
Los antecedentes son concretos. Junto a Francia, las autoridades incautaron 3.500 kilos de cocaína en el buque «Don Teófilo» en 2023 y 3.134,5 kilos en la frontera con Granada en 2024. La Operación Turquesa, de INTERPOL, articuló un frente intercontinental contra la trata de personas. Las Operaciones Espejo desplegaron en la Amazonía maniobras simultáneas contra la minería ilegal y el ecocidio. En Europa, la Operación EncroChat desmanteló redes de comunicación cifrada usadas por el crimen organizado.
Recientes informes de la DEA, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea sitúan a Venezuela como un país irrelevante en producción y tráfico de drogas, según citó el propio presidente Maduro a finales de 2025, desmintiendo las acusaciones de narcotráfico que Washington había esgrimido contra el país.
La operación de Bolívar se inscribe en esa misma práctica. Los organismos de seguridad de ambos países intercambiaron información de inteligencia y recursos tecnológicos, según el comunicado oficial. Venezuela aplicó el mismo mecanismo que ya había empleado con Francia, con INTERPOL y con cada socio en materia de seguridad.
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