Redacción: Enfoques
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1740 para regular los estados de excepción en el territorio nacional. La nueva normativa faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a ejecutar operativos conjuntos orientados a contener las manifestaciones sociales que exigen la dimisión del mandatario.
La legislación otorga un marco legal inmediato para la intervención militar directa en más de 90 bloqueos activos en las carreteras estatales. El jefe de Estado defendió la pertinencia de la medida asegurando que el objetivo principal es la protección de los ciudadanos y el cumplimiento del mandato constitucional.
Durante la presentación del decreto, el líder del Ejecutivo vinculó de forma implícita las movilizaciones populares con redes delictivas complejas. En su discurso mencionó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y extraditado a los Estados Unidos en marzo pasado.
En un acto oficial celebrado ante el alto mando militar en el Palacio de Gobierno, Paz encomendó formalmente el control de la seguridad interior a los uniformados. Las autoridades indicaron que la norma proporciona el respaldo jurídico necesario para aplicar un plan estratégico diseñado previamente.
La meta principal declarada por el Palacio Quemado es restablecer la normalidad económica del país, fuertemente afectada por los cierres de vías. Las movilizaciones acumulan un total de 39 días continuos de protestas ciudadanas a nivel nacional.
Para que la normativa adquiera plena vigencia, el Ejecutivo debe emitir un decreto supremo complementario en las próximas horas. Dicho documento tendrá que someterse a la evaluación y control de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo estricto de 72 horas.
La implementación de este recurso legal ocurre en un escenario de alta tensión por el desabastecimiento crítico en las principales ciudades. La falta de acceso oportuno a alimentos, combustibles y medicinas mantiene en alerta a los sectores productivos y sanitarios del país.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1740 para regular los estados de excepción en el territorio nacional. La nueva normativa faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a ejecutar operativos conjuntos orientados a contener las manifestaciones sociales que exigen la dimisión del mandatario.
La legislación otorga un marco legal inmediato para la intervención militar directa en más de 90 bloqueos activos en las carreteras estatales. El jefe de Estado defendió la pertinencia de la medida asegurando que el objetivo principal es la protección de los ciudadanos y el cumplimiento del mandato constitucional.
Durante la presentación del decreto, el líder del Ejecutivo vinculó de forma implícita las movilizaciones populares con redes delictivas complejas. En su discurso mencionó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y extraditado a los Estados Unidos en marzo pasado.
En un acto oficial celebrado ante el alto mando militar en el Palacio de Gobierno, Paz encomendó formalmente el control de la seguridad interior a los uniformados. Las autoridades indicaron que la norma proporciona el respaldo jurídico necesario para aplicar un plan estratégico diseñado previamente.
La meta principal declarada por el Palacio Quemado es restablecer la normalidad económica del país, fuertemente afectada por los cierres de vías. Las movilizaciones acumulan un total de 39 días continuos de protestas ciudadanas a nivel nacional.
Para que la normativa adquiera plena vigencia, el Ejecutivo debe emitir un decreto supremo complementario en las próximas horas. Dicho documento tendrá que someterse a la evaluación y control de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo estricto de 72 horas.
La implementación de este recurso legal ocurre en un escenario de alta tensión por el desabastecimiento crítico en las principales ciudades. La falta de acceso oportuno a alimentos, combustibles y medicinas mantiene en alerta a los sectores productivos y sanitarios del país.
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