Redacción: Enfoques
La defensa de Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a un tribunal federal de Nueva York que le permita continuar bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. La petición fue presentada con el argumento de que su estado de salud requiere atención especializada y mejores condiciones para una eventual recuperación. Sus abogados propusieron que permanezca en una residencia privada en Manhattan
Los abogados de Flores sostienen que su estado de salud se ha deteriorado durante el período de reclusión y que requiere atención cardiológica especializada. Entre las condiciones mencionadas en los documentos presentados ante la corte figuran palpitaciones, molestias en el pecho y dificultades respiratorias.
Según la defensa, los médicos han recomendado una evaluación cardíaca que podría derivar en procedimientos adicionales. También señalan que Flores ha perdido más de 11 kilogramos desde su detención y que ha presentado otros problemas de salud durante los últimos meses.
El tribunal aún no se pronuncia
La decisión corresponde al juez federal Alvin K. Hellerstein, quien todavía no ha emitido un pronunciamiento sobre la solicitud. La Fiscalía federal tampoco había presentado públicamente una respuesta al momento de conocerse la petición, de acuerdo con AP.
Flores, de 69 años, permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde enero, después de que fuerzas estadounidenses la secuestraran junto al presidente Maduro desde Caracas hacia Nueva York, luego de haber bombardeado la capital
Ambos enfrentan cuestionadas acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses y se han declarado no culpables. Por otra parte la defensa sostiene que distintos aspectos del proceso son controvertidos y argumentan que tanto Maduro como Flores possen inmunidad por su papel como autoridades venezolanas.
El proceso también tiene una dimensión política para Venezuela, debido a la relevancia que ambos personajes tuvieron durante años dentro de la estructura de poder del país. Cualquier decisión judicial relacionada con su situación podría generar nuevas reacciones tanto en Caracas como entre los distintos sectores políticos venezolanos.
El caso continuará bajo consideración de la justicia estadounidense, mientras la situación de salud alegada por la defensa añade un nuevo capítulo a un proceso que, más allá de sus implicaciones jurídicas, mantiene una significativa repercusión sobre el escenario político venezolano.
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