Medios internacionales intentan justificar el Lawfare contra el presidente secuestrado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
Con información de La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos
Ninguno de los tres oficiales aparece como testigo o colaborador de la fiscalía. El documento los presenta como co-conspiradores —de ahí las siglas CC—, no como cooperadores. No se afirma que hayan declarado, que hayan pactado con la fiscalía ni que sus testimonios sean la base de la acusación. Tampoco se menciona a Hugo Carvajal en este documento.
La acusación no es prueba. Es una formulación de cargos. Los hechos que describe deben ser probados en juicio, si el caso llega a juicio, más allá de una duda razonable. Mientras eso no ocurra, no hacen culpables a Maduro, a Flores ni a ninguno de los señalados en el expediente. Es cierto que en el sistema federal estadounidense es habitual que una acusación no incluya las fuentes ni el material probatorio, conforme a la Regla 7(c). Pero esa rutina procesal no convierte el relato en verdad.
El papel de los medios
Univision abrió su cobertura afirmando que Maduro y Flores «encabezaban un sistema de represión patrocinado por el estado». En su transcripción, el medio vinculó directamente a Diosdado Cabello, Gustavo González López y Tarek William Saab con una «política pública» de detener estadounidenses bajo cargos simulados, y mencionó al SEBIN, El Helicoide y la DGCIM como centros donde «fueron víctimas de torturas de todo tipo, las cuales están bastante acreditadas». La frase es reveladora: no dice «según la acusación», sino que presenta la tortura como un hecho ya establecido. Además, la acusación no menciona a Cabello, González López ni Saab por nombre. Univision estableció una conexión que no está en el documento judicial.
CNN fue más allá al calificar la acusación de «sistema diseñado para usar la tortura», y en su reporte exclusivo afirmó que los nuevos cargos se basan en la «detención ilegal» de más de una docena de estadounidenses. La cadena citó «fuentes familiarizadas con la investigación», pero no aclaró que esas fuentes no están identificadas en el documento público. Su cobertura asume que la acusación es prueba de los hechos.
BBC Mundo, aunque más cauteloso en el lenguaje («presunta tortura», «fiscales alegan»), también reprodujo el relato de la acusación como si fuera un hallazgo judicial: «Maduro ‘autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura’». La BBC cita textualmente la acusación, pero no advierte al lector que se trata de alegaciones que la fiscalía debe probar en juicio.
Lo que realmente dice la acusación
El documento contiene cinco cargos: narcoterrorismo, conspiración para tortura, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. Los hechos atribuidos a CC-1, CC-2 y CC-3 no tienen fuente identificada. La fiscalía tendrá que presentar pruebas admisibles y someterlas al escrutinio de la defensa y del tribunal. Hasta entonces, la acusación no implica más que unos hechos que deben ser probados. No establece culpabilidad. La cobertura mediática convirtió una acusación en sentencia. Eso es lo que debe evitarse.
