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Cierre parcial del Gobierno en EE.UU.: choque por supervisión migratoria paraliza fondos
El actual bloqueo refleja una vez más la profunda polarización política en torno a la política migratoria y al equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
Redacción: Enfoques
Un cierre parcial del Gobierno federal comenzó este sábado en Estados Unidos tras fracasar las negociaciones entre legisladores demócratas y la Casa Blanca para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) hasta septiembre.
El impasse gira en torno a la supervisión de los operativos migratorios federales, en un contexto marcado por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante redadas en Mineápolis en enero.
El Congreso se encuentra en receso hasta el 23 de febrero y no hay señales de acercamiento. El cierre afecta a agencias como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera de Estados Unidos, el Servicio Secreto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los demócratas condicionaron su apoyo presupuestario a reformas en los operativos migratorios tras los tiroteos que costaron la vida a Alex Pretti y Renée Good. Entre las demandas planteadas figuran la identificación visible de los agentes, la eliminación del uso de máscaras durante operativos, el uso obligatorio de cámaras corporales y la exigencia de órdenes judiciales para arrestos en propiedades privadas.
El llamado “zar” fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, rechazó retirar las máscaras y exhibir identificaciones visibles, argumentando que los agentes deben protegerse ante posibles amenazas y actos de acoso.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, defendió que las propuestas buscan homologar los estándares de actuación de los agentes migratorios con los de otros cuerpos policiales del país. Desde el bloque republicano, el senador Markwayne Mullin se mostró dispuesto a evaluar el uso de cámaras corporales, pero rechazó la prohibición de máscaras, mientras que la senadora Katie Britt acusó a los demócratas de dinamitar las conversaciones.
Operativos continúan pese al cierre
Aunque el cierre afecta la financiación formal del DHS, cerca del 90 por ciento de sus empleados continúan trabajando sin salario. Las operaciones de ICE y CBP siguen activas gracias a fondos adicionales asignados por la ley fiscal de 2025 impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha colocado la aplicación estricta de las leyes migratorias en el centro de su agenda desde su retorno a la Casa Blanca. Según cifras oficiales, el DHS ha deportado más de 675.000 migrantes en el último año, mientras la Administración sostiene que otros 2,2 millones han abandonado el país por cuenta propia.
Un cierre parcial del Gobierno en Estados Unidos se produce cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de asignaciones presupuestarias necesarias para financiar determinadas agencias federales.
En este caso, la falta de acuerdo impacta directamente en el funcionamiento del DHS, pero no paraliza por completo la Administración federal. Los servicios considerados “esenciales” continúan operando, aunque sus trabajadores pueden verse obligados a laborar sin percibir salario hasta que se restablezca la financiación.
En la práctica, esto genera retrasos administrativos, suspensión de programas no prioritarios, aplazamiento de contratos y tensiones financieras para miles de empleados públicos. También introduce incertidumbre en sectores sensibles como la gestión de emergencias, el control aeroportuario, la seguridad fronteriza y la protección de infraestructuras críticas.
Aunque las operaciones migratorias continúan por la disponibilidad de fondos previamente aprobados, el marco institucional se ve afectado por la precariedad presupuestaria y por la presión política asociada al cierre.
El antecedente más prolongado en años recientes, ocurrido el año pasado y extendido por 43 días, dejó en evidencia los costos económicos y sociales de estas disputas presupuestarias.
El actual bloqueo refleja una vez más la profunda polarización política en torno a la política migratoria y al equilibrio entre seguridad y derechos civiles, en un momento en que el debate sobre el alcance de las facultades federales se ha convertido en uno de los ejes centrales de la confrontación partidista en Washington.
