Sheinbaum explicó que el trabajo coordinado con la Fiscalía ha permitido profundizar en elementos que antes no se investigaban a fondo, dejando atrás la dependencia exclusiva de declaraciones de testigos o presuntos delincuentes.

Arturo Félix Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, explicó datos relevantes del informe presentado sobre el caso Ayotzinapa y detalló que se identificaron más personas potencialmente involucradas gracias al análisis profundo de los registros telefónicos de la noche en que desaparecieron los jóvenes.

El reanálisis de llamadas que permitió detectar contactos entre miembros del crimen organizado y el dueño de una funeraria que contaba con concesión del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Las indagatorias permitieron asegurar inmuebles pertenecientes al propietario, donde se incautaron certificados de defunción con firmas y el resto de la hoja en blanco. Se confirmó que personas detenidas por su participación se comunicaron esa noche con dichos establecimientos y con un médico, hallándose restos humanos en el lugar sin registro oficial.

Rastreo de celulares y la comandancia de Barandilla

Otra vertiente clave se centra en el seguimiento de los teléfonos móviles de los estudiantes desaparecidos mediante la revisión de números de identificación y el cambio de chips. Esto permitió identificar dos rutas fundamentales: una persona actualmente detenida que utilizó uno de los aparatos tras la desaparición, y el hallazgo de un teléfono de las víctimas que apareció en el juzgado de las barandillas.

Este último elemento respalda la hipótesis de que al menos un grupo de normalistas estuvo en esa instancia municipal, versión previamente negada. Ante esto, el Gobierno federal impulsa la extradición del principal juez de la Barandilla, quien se refugió en Estados Unidos y cuyas declaraciones previas fueron utilizadas para negar la presencia de los estudiantes.

Indagatorias sobre videos y detenciones clave

Las nuevas pesquisas también permitieron indagar en torno al ocultamiento de los videos de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, sitio al que arribó uno de los autobuses de los estudiantes la noche de los hechos.

Ante la versión inicial de que las cámaras no funcionaban, las autoridades cuestionaron el paradero de dichos registros, lo que derivó en la detención de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, y de otra persona por su implicación en el encubrimiento de evidencias.

En este marco, Sheinbaum resaltó la detención de Ángel Aguirre Rivero (exgobernador de Guerrero), procesado por presuntamente instruir la ocultación de pruebas, así como la captura de un individuo que era menor de edad en 2014 y pertenecía a un grupo delictivo. La estrategia se complementa con la revisión constante de expedientes con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

Todas estas investigaciones y nuevas líneas de indagatoria se desarrollan a raíz de los acontecimientos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa viajaba en cinco autobuses hacia la Ciudad de México para participar en una manifestación, momento en el que el convoy fue atacado por cinco patrullas municipales en Iguala, Guerrero.

En los hechos murieron dos alumnos y cuatro transeúntes, mientras que 43 jóvenes fueron detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. La Fiscalía mantiene además la hipótesis de que el quinto autobús transportaba un cargamento de heroína con destino a Chicago, Estados Unidos.

Los manifestantes los señalaron públicamente como «traidores» y lanzaron consignas pidiendo su muerte. La situación se agravó esta misma semana, cuando el propio Netanyahu equiparó la difusión del documental con el lanzamiento de misiles balísticos contra el territorio israelí, una analogía que los realizadores calificaron como una luz verde para la violencia en su contra.

Ante estas declaraciones, el cineasta Yuval Abraham fue contundente al señalar el peligro implícito en el discurso oficial. «Es obvio lo que hay que hacer con quienes lanzan misiles balísticos. Hay que matarlos. Esto es incitación al asesinato«, denunció el director.

Asimismo, Rachel Szor y su compañero destacaron la preocupante conexión entre discursos de esta naturaleza y la hostilidad palpable en las calles, reflejada en grafitis amenazantes con miras telescópicas sobre sus rostros, el asedio a los hogares familiares y, de manera notable, la pasividad de la oposición política ante estos actos de intimidación.

El núcleo de la controversia radica en el contenido de la obra, la cual expone mediante testimonios directos de integrantes del ejército israelí la existencia de un patrón de asesinatos sistemáticos de palestinos en la Franja de Gaza.

Ante la prohibición oficial de exhibir la película en las salas de cine israelíes, los directores y la producción anunciaron una medida de resistencia cultural. El portal del medio británico The Guardian transmitirá el largometraje en línea de manera totalmente gratuita a partir del mes de noviembre, con lo cual buscará denunciar la censura institucional y la violencia desatada en múltiples frentes para impedir su proyección pública.



El acoso estatal no es un hecho aislado, ya que el Gobierno israelí ha mantenido una presión constante sobre ambos cineastas desde las primeras fases del proyecto, y llegó a amenazarlos con procesos legales severos e incluso con revocarles su ciudadanía. Ante el enojo manifestado por amplios sectores de la sociedad israelí, que en muchos casos condenan la película sin haberla visto, Abraham sostiene que la maquinaria oficial está utilizando su poder institucional para desviar la atención pública, criminalizar el trabajo documental y eludir un debate crítico necesario sobre las políticas militares en Gaza.