Infante señaló que la recuperación integral del sistema requiere importantes recursos financieros y defendió la incorporación de capital privado como una de las herramientas para acelerar las soluciones estructurales a las fallas del sector.

"Recuperar todo el sistema eléctrico nacional requiere una gran inversión. Hay un esfuerzo que hace el gobierno nacional, pero se requiere, y hay que asumirlo sin ningún tipo de complejo, también la participación privada, para avanzar más rápido".
Explicó que la reforma mantiene al Estado como actor principal en la generación y distribución eléctrica, pero permite la participación de empresas privadas mediante licencias otorgadas por el Ejecutivo y bajo mecanismos que resguarden los intereses nacionales.

Asimismo, destacó que el proyecto contempla "tarifas diferenciadas para grandes industrias, comercios y usuarios residenciales", además de promover esquemas de autogeneración para sectores productivos.

Respecto a la preocupación de los ciudadanos sobre un eventual incremento de los costos del servicio, aseguró que la ley incorpora mecanismos de protección social para garantizar subsidios a los sectores de menores ingresos.

"Es responsabilidad del Estado garantizar que los sectores más vulnerables tengan los subsidios necesarios para que paguen lo justo, de acuerdo a su capacidad socioeconómica", dijo.
El diputado sostuvo que el objetivo es asegurar la sostenibilidad financiera del sistema sin afectar a los usuarios de menores recursos.

"De lo que se trata es de que el Sistema Eléctrico Nacional pueda garantizar el derecho que tiene nuestro pueblo al servicio eléctrico, que el servicio eléctrico se pague a precios justos, asequibles, y que además cubra el costo de lo que implica generar y producir esta energía eléctrica", afirmó.
Infante agregó que la propuesta legislativa también prevé la creación de una Superintendencia del Servicio Eléctrico, mecanismos de coordinación con gobernaciones, alcaldías y organizaciones comunitarias, así como nuevas condiciones de seguridad jurídica para atraer inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica nacional.