
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó a Estados Unidos (EE.UU.) cooperación para extraditar a los opositores Juan Guaidó y Carlos Vecchio, a quienes se les involucra en ese país con el enriquecimiento con fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y con el uso de la “parapolítica” para desviar recursos.
Ambos opositores del ala extremista se mantienen prófugos de la justicia venezolana por múltiples delitos.
«Solicitamos, obviamente, a la autoridad estadounidense, en base a la cooperación bilateral, que nos entreguen los recaudos de toda esta investigación que ellos mismos, en territorio estadounidense, han adelantado para que nosotros manejemos de manera coordinada esa información al detalle y actuar en los términos que establece la Constitución y la ley de Venezuela», acotó el fiscal en rueda de prensa.
Saab recordó que desde 2023 pesa sobre Guaidó una orden de captura por el mal manejo de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos (EE.UU.), que fue entregada de manera ilegal a una junta fraudulenta durante el periodo en el que se autoproclamó «presidente interino».
Esta apropiación ilícita causó «daños al patrimonio público nacional», con pérdidas de aproximadamente 20 mil millones de dólares. El fiscal también mencionó que existen otras 29 causas abiertas contra él y Vecchio.
«Esa solicitud (aprehensión) la hicimos vinculante a los delitos de traición a la patria, suspensión de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociaciones”, acotó.
El fiscal también denunció que varias ONG financiadas por la Usaid han utilizado el discurso de los derechos humanos y la ayuda humanitaria en Venezuela con el aval de la oposición extremista venezolana para apropiarse de dinero. «Se aprovechan de estos temas para robarse miles de millones de dólares», afirmó.
Finalmente, el funcionario venezolano exigió conocer los avances de la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), iniciada en 2021, sobre el manejo irregular de activos venezolanos valorados en más de 40 mil millones de dólares en EE.UU. «Necesitamos, en base al intercambio bilateral, conocer los resultados», subrayó.
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