Tribunal Supremo de EE.UU. paraliza la deportación de un grupo de venezolanos bajo la ley de tiempos de guerra

Este sábado, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que "no saque de Estados Unidos a ningún miembro de la clase putativa de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal".

Redacción: Enfoques 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado a la administración Trump que suspenda la deportación de venezolanos acusados de ser pandilleros en virtud de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

La decisión se produce horas después de que un tribunal federal de apelaciones también impidiera al gobierno de Donald Trump seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal, conocida como TPS, de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente.

En el caso que ha llegado al Supremo, la corte se ha pronunciado en respuesta a una apelación de emergencia de un grupo de defensa de las libertades civiles, que demandó a la administración por las deportaciones previstas de venezolanos recluidos en un centro de detención en el norte de Texas.

Este sábado, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que "no saque de Estados Unidos a ningún miembro de la clase putativa de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal".

La corte pausa su deportación hasta que se pronuncie un tribunal inferior, que en este caso es el tribunal de apleaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisprudencia sobre varios estados del sur de EE.UU.

Poca claridad

El Supremo no especificó, sin embargo, con cuánta antelación se debía dar el aviso, aunque abogados en distintas partes del país han pedido que se dé a los migrantes un plazo de 30 días para que puedan impugnar sus deportaciones.

La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que dio lugar a la orden del sábado, señala que los hombres venezolanos detenidos en el centro de Bluebonnet, en el norte de Texas, habían recibido notificaciones en inglés, a pesar de hablar solo español.

Según la ACLU, se les notificó que serían deportados de forma inminente, y no se les dijo que tenían derecho a impugnar la designación en un tribunal federal.

"Sin la intervención de este Tribunal, decenas o cientos de miembros de la clase propuesta pueden ser expulsados a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o expulsión", afirma la demanda.

Tras la orden del Supremo del 8 de abril, jueces federales de Colorado, Nueva York y del sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de migrantes bajo la ley de Enemigos Extranjeros hasta que se les otorgara un proceso en el que pudieran impugnar la decisión.