Rivalidad en la casa blanca entorpece la liberación de venezolanos secuestrados en El Salvador

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Las visiones de Richard Grenell y Marco Rubio han discrepado a tal punto, que han entorpecido la política exterior de Washington sobre Venezuela, que tácitamente ha reconocido como presidente a Nicolás Maduro dejando de lado la agenda de la oposición extremista 


Redacción: Enfoques 

Durante el gobierno de Donald Trump, altos funcionarios estadounidenses trabajaron por separado en negociaciones para lograr la liberación de varios ciudadanos estadounidenses y decenas de presos políticos encarcelados en Venezuela. Sin embargo, la falta de coordinación entre los equipos diplomáticos frustró el acuerdo, señala el New York Times.

Por un lado, el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, lideraba conversaciones para intercambiar a unos 250 migrantes venezolanos deportados a El Salvador por presos retenidos en Venezuela. En paralelo, Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump, negociaba otro acuerdo, ofreciendo a cambio que la petrolera Chevron pudiera continuar operando en territorio venezolano, lo que representaba una fuente clave de ingresos para el gobierno de Nicolás Maduro.

Ambas iniciativas se llevaban a cabo con el mismo interlocutor en Caracas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pero sin una estrategia unificada. Según funcionarios y fuentes cercanas al proceso, esta descoordinación generó confusión en el gobierno venezolano, que no sabía con certeza cuál propuesta contaba con el respaldo final de Trump.

La falta de consenso entre diplomáticos, aunque negada públicamente por la Casa Blanca, dejó sin resolución un posible intercambio humanitario. Según fuentes, la propuesta de canje con los migrantes aún sigue sobre la mesa, pero la administración de Trump se muestra reacia a renovar la licencia de Chevron en Venezuela, presionada por legisladores republicanos de Florida que se oponen a aliviar sanciones petroleras.

Mientras tanto, los migrantes venezolanos deportados por EE. UU. continúan detenidos en una prisión de alta seguridad en El Salvador. El gobierno estadounidense sostiene que están vinculados a la banda criminal Tren de Aragua, aunque no ha presentado pruebas concluyentes, y sus abogados denuncian detenciones sin debido proceso.

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