Se busca el desarrollo garantizando la energía para impulsar actividades socioeconómicas emprendidas por el sector público, privado y comunal
Redacción: Enfoques
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional aprobó 14 artículos del proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, en segunda discusión.
Entre los artículos aprobados destaca algunos que establecen que el Estado, por razones de estabilidad, seguridad, defensa y soberanía nacional, se reserva de forma exclusiva las siguientes actividades: de generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Caura. El desarrollo y administración de la generación del complejo hidroeléctrico Uribante-Caparo y demás centrales hidroeléctricas existentes mayores a 2 megavatios.
Igualmente la actividad de transmisión de energía en las redes troncales en el territorio nacional cuando, por su carácter estratégico, sean de vital importancia para la estabilidad y funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
Asimismo, la actividad de distribución de energía en áreas geográficas o circuitos de interés estratégico para el estado así como de despacho de energía del sistema eléctrico nacional.
Regular el servicio eléctrico
Esta ley tiene por objeto regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional y el sistema eléctrico nacional, así como los intercambios internacionales de energía, a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización, a los fines de garantizar los derechos de las personas, en cumplimiento del plan de desarrollo del sistema eléctrico nacional y el plan de desarrollo económico y social de la nación, indica en su primer artículo.
La finalidad es contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad.
Asimismo, asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioeconómicas emprendidas por el sector público, privado y comunal.
Además, busca favorecer la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas y brinde respuesta a las necesidades crecientes del desarrollo económico y social de la nación.
De igual manera se tiene como principios la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos con planificación, regulación y control público del servicio eléctrico, así como la corresponsabilidad y participación responsable de empresas privadas, mixtas y públicas.
Se subraya que se busca un modelo de gestión transparente, eficiente, sostenible, orientado a la satisfacción de las necesidades colectivas y al desarrollo integral de la nación.
Tras ser diferido el debate, se estima que el próximo martes se continuará con la segunda discusión para la aprobación del instrumento legal.
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