El mandatario ha sido cuestionado por el perdón a Juan Orlando Hernández
El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a caer en las contradicciones tan habituales para los mandatarios de ese país cuando se trata de imponer sus intereses sobre el resto de los países del mundo sin importar los mecanismos a utilizar ni las consecuencias.

En esa misma línea, el actual inquilino de la Casa Blanca, quien mantiene un brutal asedio contra Venezuela desde hace tres meses, en el cual han asesinado a más de 80 personas en aguas del mar Caribe bajo la excusa de la “lucha contra el narcotráfico” —cuando se sabe que el real objetivo es derrocar a nuestro legítimo gobierno— indultó al exjefe de Estado de Honduras Juan Orlando Hernández, quien pagaba condena de 45 años de prisión precisamente por esos delitos.

El viernes 28 de noviembre, Trump anunció el perdón para Hernández. Expresó en su cuenta en Truth Social que este había sido “tratado de forma muy dura e injusta”, al mismo tiempo que prácticamente exigía al pueblo hondureño votar en las elecciones del domingo 30 por el candidato de la ultraderecha, Nasry Asfura, en una descarada injerencia en los asuntos internos de la nación centroamericana.

“Vota por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió.

Sin pruebas, como también suele actuar, el republicano aseguró que el juicio contra el exmandatario se dio por “un montaje de la administración de (Joe) Biden”. Adujo, además, que Hernández “era el presidente y había algunas drogas siendo vendidas en su país y como él era el presidente fueron por él”.
Condena

Hernández, en marzo de 2024 —después de haber sido extraditado a EEUU en 2022— había sido declarado culpable en un tribunal de Manhattan por conspirar para importar cocaína hacia EEUU y poseer “dispositivos destructivos” como ametralladoras. En su momento, los fiscales de Nueva York argumentaron que el expresidente hondureño había convertido a su país en un “narcoestado”, aceptando millones de dólares en sobornos de los narcotraficantes que actuaban bajo su protección.

Antes de anunciarse su condena afirmaron que Hernández “pavimentó una autopista de cocaína hacia Estados Unidos, protegido por ametralladoras”.La Fiscalía solicitaba pena de cadena perpetua, pero el juez Kevin Castel la dejó en casi medio siglo tras las rejas, ordenándole también el pago de 8 millones de dólares.

Las críticas a Trump por el indulto no se hicieron esperar. El domingo, el senador republicano Bill Cassidy preguntó en su cuenta en X: “¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar drogas en Estados Unidos?”, mientras otro senador de la misma tolda, Thom Tillis, declaró el martes a los periodistas que “es un mensaje horrible. Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir a Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”.

Why would we pardon this guy and then go after Maduro for running drugs into the United States? Lock up every drug runner! Don’t understand why he is being pardoned.https://t.co/o6Owzskkca

— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) November 30, 2025

“Él fue el líder de una de las mayores empresas criminales que jamás haya sido condenada en los tribunales estadounidenses y a menos de un año de su condena, el presidente Trump lo está indultando, lo que sugiere que no le importa el narcotráfico. Si no le importa el narcotráfico…entonces, ¿de qué se trata realmente este asunto de Venezuela?”, cuestionó por su parte el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, en una entrevista ofrecida al programa Face the nation (Enfrentar a la nación), que transmite la cadena CBS.

El analista internacional destacó que Estados unidos actualmente vive un momento de debilidad, pérdida de hegemonía y crisis interna, que hace más probable que la potencia recurra a “presas fáciles” para extraer recursos y sobrevivr.

Si el Centauro llanero luchó con la fuerza de su caballo y su lanza para ganar la independencia territorial, la Venezuela actual, siguiendo la premisa de Chávez, utiliza la "resistencia prolongada" como una estrategia de defensa asimétrica para hacer que la agresión sea insostenible para el agresor

Con información de Estrategia.la

La aprobación de la gestión del Presidente Javier Milei cayó desde lo que se suponía su piso: cayó nueve puntos, mientras que la ciudadanía considera que los dos principales problemas del país son la corrupción y los bajos salarios., Los hechos de corrupción impactan en la imagen de un gobierno cuando, como ahora, la economía se convierte en un problema para la vida de las personas.

Si la idea madre del gobierno libertario es hay que bajar la inflación a toda costa porque eso es lo que garantiza los votos, hoy eso está fuera de tiempo, básicamente porque hay un sector del electorado de Milei de 2023 que dejó de aceptar que hay que tener superávit fiscal a costa de jubilados, discapacitados, universidades, hospitales y provincias. La promesa de exterminar la casta en Argentina se reveló como una farsa tragicómica donde el supuesto exorcista se tornó el sumo sacerdote de la corrupción, señala Emilio Caffasi.

El analista político Hugo Haime señala que el discurso del gobierno comienza a sonar a viejo. Hoy estamos en una situación en la cual una parte del electorado está diciendo “hace meses que la situación del país y la mía personal no cambia y me estoy cansando”. Es muy probable que el 7 de septiembre el Gobierno pierda las elecciones de la Provincia de Buenos Aires. Y el clima social y financiero continúe agitado.

Las elecciones del domingo próximo en la provincia de Buenos Aires funcionarán como una especie de primera vuelta y las nacionales de octubre, como un balotaje. La sociedad tiene la posibilidad de confirmar o reformular la autonomía del piloto. No solo el rumbo y el destino, también el modo de conducir, con o sin turbulencias adicionales, consensualista o divisionista, aplacando la intranquilidad innata del conductor.

Mientras el gobierno libertario se exhibe desconcertado, errático y atravesado por internas feroces, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello buscan asegurar posibles pruebas de coimas y/o contratos irregulares con nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina, que pasó de facturar al Estado 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.299 millones en 2025.

La implosión en la Casa Rosada genera audios y más audios. Esta vez uno con la voz de quien sería Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, señalada en las primeras grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo como quien se llevaba parte de la coima recaudada por la compra de medicamentos. Se la escucha decir «nosotros tenemos que estar unidos»… pero la graban también a ella.Spagnuolo, los Menem y Karina Milei; El escándalo de los audios se convirtió en crisis política …

La crisis de Javier Milei avanzó con una velocidad inédita: en apenas un año y medio de gobierno, los escándalos de corrupción ya golpean el corazón del poder. El caso de las coimas en discapacidad no solo compromete al Presidente, sino que también descoloca a una oposición que aún no logra ofrecer una alternativa. Los mercados reaccionaron con saltos en el dólar, caída de bonos y aumento del riesgo país, mientras la política quedó atrapada en un escenario ‘perder-perder’, donde tanto la continuidad de Milei como una eventual caída parecen derivar en un costo social enorme.

Karina Milei fue acusada de recibir dádivas de una droguería por los medicamentos para discapacitados. Se suma a las casi 100 muertes por fentanilo contaminado que no fue controlado por el Estado y la crioptoestafa global con $Libra. El propio presidente protagonizó un lapsus notable: “Están molestos, porque les estamos afanando los choreos”. Afanar y chorear en lunfardo significa robar. Así, la confianza de la sociedad ante el gobierno cae, según todas las encuestas, a dos meses de las elecciones de medio término en octubre.

Frente a las filtraciones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ,que destapó las coima que recibían Katina, su asesor Eduardo «Lule» Menem y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, por la compra de medicamentos, la reacción oficial tardó varios días en llegar.

Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista. En esos audios, el exfuncionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina; cuestionó la idoneidad de Karina Milei; y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.

La quita inexplicable de pensiones a personas discapacitadas que las percibían desde hace años y contaban con ellas para sobrevivir, es una de las facetas más perversas de las políticas “sociales” de un gobierno al que sólo le interesa la “libertad” de una minoría parasitaria para hacer negocios a costa de las mayorías. A eso se sumó la decisión de echar a casi la mitad de las trabajadoras y los trabajadores de la ANDis, sin explicar siquiera los motivos formales de cada cesantía y provocando una extenuante sobrecarga laboral en quienes quedaron.

Los audios de Spagnuolo develaron un sistema de presuntas coimas que tiene como prinicipal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia. Las primeras encuestas tras esas revelaciones marcaron una caída en la imagen del Javier Milei y su gobierno y un señalamiento de parte del electorado. Tras este hecho, las recorridas electorales del Presidente y su hermana terminaron en protestas.

“Esto ha impactado de manera muy fuerte en la credibilidad del gobierno de Javier Milei. Son desenfrenados que han llegado a la política de casualidad y quieren enriquecerse en poco tiempo”, dijo el sociólogo y economista Jorge Elbaum. “El núcleo duro del gobierno, de la derecha local, ha sido expuesto. Esta derecha se muestra como incorruptible y, por el contrario, es el grupo más corrupto de toda la historia en Argentina”, indicó el analista.Spagnuolo, extitular de ANDIS, fue abogado de MIlei

El canal de streaming Carnaval publicó dos audios que atribuyeron a la hermana del presidente Javier Milei. «No podemos entrar en la pelea… nosotros tenemos que estar unidos, imaginate», se le escucharía decir, enfática. La segunda grabación se vuelve a percibir una voz similar: «Acá que ni siquiera, en verdad, no tienen que estar las 24 horas. Porque yo estoy… entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la Casa Rosada…».

Esta vez la rapidez de la respuesta fue asombrosa, pero también el contenido. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo primero que si «los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes» y acto seguido, tal vez sin querer, dio a entender que se grabaron en la casa de gobierno. La extrema división interna le impide al oficialismo elaborar un discurso mínimamente coherente frente al escándalo de las coima al más alto nivel.

De acuerdo con el periodista Martín Carrizo, Spagnuolo -quien acercó un pendrive con las grabaciones a la fiscalía- adoptó la estrategia de “si caigo yo, caemos todos”, lo que elevó el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial.

Jorge Fontevecchia, director de Perfil, señaló que «quien no ama la política y –peor aún– odia al Estado no es el adecuado para el cargo político más importante, que es presidir un país.Este es el problema irreductible de Javier Milei: no puede y no sabe porque no quiere ser lo que debe ser un presidente: un político. Una persona con capacidad de convencer y llegar a acuerdos para que se instrumenten las decisiones necesarias para avanzar en alguna dirección. Milei retroalimenta la crisis de representación que creó a Milei. Y él no puede superarla porque es parte de ella»

Fontevecchia comienza su análisis tomando como espejo el cuento “El traje nuevo del emperador” de Hans Christian Andersen (1805/1875): la historia de un emperador vanidoso que es engañado por dos estafadores que le prometen un traje maravilloso, invisible para los idiotas. Con ese mismo hilo de razonamiento sobre el control del poder,.

Carlos Pagni desde la señal La Nación +, advirtió que los dueños de la droguería Suizo Argentina aportaron dos millones de dólares en 2023 para la logística de fiscalización del escrutinio montada por los hermanos Milei en esas elecciones nacionales. Fontevecchia y Pagni fueron denunciados por el Presidente de la Nación.

El diario Clarín difundió un nuevo audio atribuido a Diego Spagnuolo, en el que descalifica a «Lule» Menem y a Karina Milei: «El problema… Todavía no tuvo ningún quilombo Karina. Porque la gente no la quiere a Karina. Pero encima se genera alrededor de ella un… o sea… todo este olor a podrido. Vos lo ves a Lule… lo ves, es negro, desagradable…». El presidente Milei habló sobre el escándalo por primera vez el miércoles: «Todo lo que dice Spagnuolo es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a demostrar que mintió».

La decisión de Milei de confrontar y enemistarse con todos parece demostrar que no quiere ser político, o sea presidente (quizá haya soñado ser rey o dictador), ya que usa la presidencia como herramienta para otros fines personales. «El problema de Milei, antes que ideológico, es metodológico y antes que metodológico es psicológico. No hubiese aprobado un test laboral para el cargo para el que se presentó. Carece de la inteligencia emocional necesaria que requiere la función», añade.

El problema no es sólo que las ideas del presidente sean malas. El problema es anterior a sus ideas o doctrina, el problema de Milei es existencial. ¿Cuál es el ser-para-sí de Javier Milei? Ser un profeta que cambie la cultura argentina por décadas no es el propósito de un presidente, añade Perfil

Por su parte, el director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, escribió lo siguiente: “¿Quiere Milei producir decisiones colectivas o simplemente quiere que le den la razón? ¿Quiere Milei ser un político o simplemente quiere seguir siendo un economista? (…) No se es presidente para demostrar que se tienen ideas, se es presidente para producir decisiones colectivas que se crean necesarias para resolver los problemas. Si lo que se busca es reconocimiento intelectual o premios, el ámbito para buscarlos es otro”.

“Este ciclo nos ha dado sobradas muestras de que este es un gobierno que carece de praxis política, es decir, de capacidad de llevar adelante el conjunto de acciones necesarias para producir decisiones. Esa carencia no debería sorprender, Milei llegó al poder con dos diputados, sin ninguna experiencia ejecutiva en la administración de la cosa pública y sin un equipo de personas y profesionales que tengan experiencia en administrar el Estado», añadió.Crecen las fricciones en el círculo íntimo de Mil: Santiago Caputo y Karina

Los audios en sí también revelan tensiones dentro de La Libertad Avanza. Spagnuolo relata cómo los trolls que responden al asesor presidencial Santiago Caputo hostigan a la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales. Esa interna, hasta ahora soterrada, se expone en un momento en el que el oficialismo necesita mostrar cohesión. El contraste entre la centralidad de Karina Milei y el destrato hacia Villarruel erosiona la imagen del Gobierno, y deja en evidencia que las disputas de poder se imponen incluso en medio de la crisis.

Parece difícil sostener así la hipótesis inicial de que todo es una operación del kirchnerismo. Más bien la casa de gobierno cruje –el enfrentamiento del Presidente, Karina, Adorni y los Menem versus Santiago Caputo y sus llamadas Fuerzas del Cielo es inocultable– y los niveles de paranoia superan todo lo imaginable. Desde su entorno aseguran que Spagnuolo teme por su vida. Esa sensación de vulnerabilidad refuerza la idea de que lo que está en juego excede a un simple exabrupto grabado: hay estructuras de poder que se sienten amenazadas.

Cuando la guerra se escribe en Miami: el ataque que no existió

Con información de https://estrategia.la

El Miami Herald, The Wall Street Journal y sus oficinas satélites en el hemisferio construyeron durante semanas la narrativa de un ataque inminente a Venezuela. Bastó una pregunta a Trump en el avión presidencial para desmontar toda la operación mediática.

Hay guerras que se pelean en los campos de batalla y otras que se fabrican en las redacciones o quizás desde los móviles. En octubre de 2025, mientras Donald Trump negociaba treguas comerciales con China en Busan, Corea del Sur, un grupo de medios estadounidenses escribía los titulares de un supuesto «ataque inminente» a Venezuela que, ahora sabemos, jamás fue autorizado, discutido formalmente ni —como quedó demostrado— siquiera planeado. Incluso, el secretario de Estado, Marco Rubio, conocido por su dura postura contra el gobierno venezolano, calificó de «falsa» la información difundida.

Cuando el presidente Trump finalmente respondió «no» a las preguntas de la prensa a bordo del Air Force One, el titular se había publicado. Durante semanas, del Wall Street Journal y el Miami Herald habían reportes sobre supuestos planes de ataques terrestres contra instalaciones en territorio venezolano. Ninguno citó fuentes con nombre y apellido. Ninguno presentó documentos oficiales. Solo «fuentes familiarizadas» y «funcionarios que pidieron anonimato».

Mientras tanto, desde Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro advertía lo que estaba ocurriendo: «una guerra multiforme orquestada desde Estados Unidos», donde lo comunicacional resulta tan letal como cualquier misil. Lo que muchos descartaron como retórica resultó ser una descripción exacta de la estrategia en marcha. Es cómo se construye el consenso para la intervención militar en plena era digital.
El basural de la guerra psicológica

El 16 de octubre, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez señaló directamente al Miami Herald. El periódico había publicado información sobre un «plan secreto» para forzar una transición de poder en Venezuela. El reporte carecía del elemento más básico del periodismo serio: fuentes identificadas.




«Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano —denunció Rodríguez—. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña».

La alta funcionaria venezolana describía un campo de batalla donde las armas son titulares y el objetivo es la opinión pública. En ese escenario, el Miami Herald es un combatiente activo.

El presidente Maduro contextualizó estas publicaciones como una «guerra multiforme», comprendido por varios frentes simultáneos para imponer un «cambio de régimen». Lo militar con el despliegue estadounidense en el Caribe, lo económico con las sanciones, lo diplomático con el desconocimiento de autoridades electas y, lo comunicacional, con campañas como la que estamos presenciando.

El jefe de Estado fue claro al señalar que Washington busca crear una «nueva guerra eterna», similar a los conflictos prolongados de Oriente Medio. Aseguró que el 94% de los venezolanos rechaza cualquier intervención extranjera. Un dato que ningún medio estadounidense pareció interesado en verificar.
De narcotráfico a invasión en tres movimientosPrimer movimiento: Trump habla, los titulares traducen

El 23 de octubre, Trump ofreció la materia prima. En una mesa redonda sobre seguridad nacionalen la Casa Blanca —con el secretario de Defensa Pete Hegseth presente—, el presidente promocionó los ataques militares recientes contra presuntos barcos narcotraficantes: «La tierra será lo siguiente».

Trump nunca mencionó solicitar autorización al Congreso para operaciones militares y tampoco mencionó directamente a Venezuela. Dijo: «Puede que acudamos al Senado y al Congreso para informarles. Pero no creo que tengan ningún problema con ello».

La diferencia es abismal. Informar no es pedir permiso. Hablar de perseguir narcotraficantes no es declarar la guerra a Estados soberanos. Pero en la maquinaria de amplificación mediática, los matices se evaporan. Lo que para Trump era retórica de mano dura, para ciertos medios se convirtió en la antesala de una invasión.Segundo movimiento: Graham convierte conversaciones en órdenes de batalla

El 26 de octubre, el senador republicano Lindsey Graham apareció en CBS News con una revelación explosiva: Trump le había dicho personalmente que «planea informar a los miembros del Congreso cuando regrese de Asia sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia».

Graham ejecutó un manual de manipulación política al tomar una posible sesión informativa —que Trump nunca confirmó públicamente en esos términos— y la transformó en «operaciones militares potenciales». Luego añadió su bendición: «Apoyo esa idea, pero creo que tiene toda la autoridad que necesita».

Es decir, Graham no solo anticipaba operaciones no confirmadas, sino que declaraba innecesaria la aprobación del Congreso. Para Venezuela las palabras del senador confirmaban la denuncia: enfrentaban una campaña coordinada para crear la percepción de intervención inminente, independientemente de las intenciones reales de Trump.Tercer movimiento: la orquesta mediática toca al unísono

La madrugada del viernes 31 de octubre, mientras el Air Force One volaba de regreso desde Busan, el Wall Street Journal y el Miami Herald publicaron simultáneamente reportes sobre supuestos planes estadounidenses para atacar instalaciones militares en Venezuela. La sincronización respondía al patrón clásico de las filtraciones coordinadas, donde múltiples medios publican la misma historia para darle apariencia de verificación cruzada.

El problema es que ninguno citó fuentes identificables. La única referencia concreta era una reunión del miércoles en el Congreso, solo con republicanos. Sin documentos, sin declaraciones oficiales, sin confirmación del Pentágono. Solo las ubicuas «fuentes familiarizadas con el asunto».

El Washington Post añadió un ángulo geopolítico, cuando publica que Rusia y China habrían respondido positivamente a la solicitud venezolana de asistencia en caso de ataque. La escalada estaba completa: de perseguir narcotraficantes a una confrontación entre potencias nucleares. Todo en dos semanas, sin una sola declaración oficial que lo sustentara.
El desmentido desde 35 mil pies

A bordo del avión presidencial, la corresponsal de Associated Press le preguntó a Trump sobre los artículos del Wall Street Journal y el Miami Herald. La respuesta fue directa: «No. No hay planes de ataques terrestres a Venezuela.»

El desmentido presidencial desnudó la fragilidad del edificio narrativo completo. Si el comandante en jefe dice que no existe tal plan, ¿qué estaban publicando exactamente estos medios? ¿Rumores de pasillos del Congreso? ¿Filtraciones interesadas de halcones republicanos? ¿Especulaciones vendidas como hechos consumados?

La respuesta puede ser que se publicaban lo que ciertos sectores políticos y mediáticos querían que fuera realidad. Fabricaban el consenso para una intervención que el propio presidente acababa de descartar, por ahora.

Es decir, mientras el Miami Herald escribía sobre ataques inminentes, Trump negociaba con Xi Jinping en Busan. China y Estados Unidos alcanzaron acuerdos económicos significativas para la reducción de aranceles, suspensión de tasas portuarias sobre sus buques, aplazamiento de controles sobre exportaciones tecnológicas. Ambas naciones acordaron ampliar la tregua comercial.

¿Qué sentido tendría para Trump abrir hoy un frente militar en América Latina que provocaría la respuesta inmediata de Rusia y China en apoyo a Venezuela? Ninguno.

Está claro que todo el proceso electoral en el Ecuador fue fraudulento mediante alianza entre el gobierno de Noboa y el Consejo Nacional Electoral.

Está claro que en la segunda vuelta se pusieron en marcha varios mecanismos de fraude electoral que se evidencian en personas de la tercera edad que aparecen votando sin haberlo hecho, en actas sin firmas, en actas con más votos que votantes y más.

Pero hay un mecanismo mencionado en el informe preliminar de observación de la OEA que merece un destaque especial: “la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño”.

Se trata de la manipulación física del voto a través de un mecanismo de transferencia de tinta que habría afectado a Luisa González en favor de Daniel Noboa.

La ejecución de este fraude se basa en el diseño de la papeleta, el tipo de tinta utilizada y el control sobre los materiales electorales.

En este sentido hay que destacar que, durante la segunda vuelta electoral, Noboa (presidente en funciones), participó como candidato sin pedir licencia, manteniendo control de las FF. AA y el CNE. Incluso, dos días antes de la segunda vuelta decretó estado de excepción, ampliando sus poderes y reduciendo garantías ciudadanas. Por lo tanto, eliminando cualquier posibilidad de control ciudadano del material utilizado y fiscalización.

Todo el proceso se llevó a cabo bajo la exclusiva supervisión de las FFAA y el CNE, lo que concentró el control logístico y redujo cualquier tipo de fiscalización independiente. Además, se prohibió fotografiar el voto para que no se documenten las irregularidades en las papeletas.

Por lo tanto, estamos ante un gran fraude con diferentes mecanismos, que pueden repetirse en el supuesto plebiscito para una Constituyente. En fin, lo que se puede observar y mirar en el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA. (pg. 13, del informe preliminar. Tomado del muro de la Red X de Kintto Lucas, escritor e intelectual).

Un manto de opacidad, salpicado de presunciones de mega fraude electoral recorre a un Ecuador caracterizado por la polarización, el odio, una tenaz dosis de intolerancia a la otredad sociocultural, política y de las diversidades genéricas, gracias a una narrativa de estructuras massmediáticas y comunicacionales atrapadas por el atrincherado presidente, que desnuda algunas irregularidades y violaciones de la Constitución, el Código de la Democracia, marco legal y normativo, ocurrido en una arena política electoral durante la primera y segunda vuelta, con una total permisividad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dejó de ser un árbitro electoral, inobservó la falta de licencia para hacer campaña del candidato-presidente.

Concomitante, de un Tribunal Contencioso Electoral (TCE), convertido en el juez para extirpar a posibles adversarios del envallado candidato-presidente, Daniel Noboa Azín, que ha utilizado bienes del Estado y dinero público para repartir dádivas y siete bonos que suman 560 millones de dólares estadounidenses. Es decir, una arena política electoral completamente inclinada en beneficio del autócrata y déspota candidato, que jamás respetó las normas establecidas por la Constitución, marco normativo y legal.

Mientras tanto, en la región Nuestramericana, el dólar Swift, al parecer evidencia a un orden unilateral en franca crisis sistémica y estructural con una guerra económica a la que subyace una subjetividad de ataque a China y los BRICS, que se han configurado como el nuevo orden mundial multicéntrico y multipolar, sin esa moneda de bloqueo, sanciones, medidas coercitivas unilaterales y órdenes ejecutivas, que han afectado a la democracia soberana de Cuba, Nicaragua y Venezuela al no subordinarse al decadente orden estadounidense.

El asedio e injerencia del supremacista presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su guerra económica, desnuda la subversión política e ideológica, de un orden unilateral que ha perdido su hegemonía, que pretende cargarla en las espaldas de los pueblos de la aldea global y en menor proporción a los pueblos nuestroamericanos, a los que considera como su patio trasero, y que tiene en la mira sus recursos naturales y energéticos.

Mediante el refuncionalizado Destino Manifiesto y Doctrina Monroe 2.0. imprime con autoritarismo su presencia en la región Nuestroamericana, considerando que existe un sinnúmero de regímenes de liberalismo libertario y autoritario, con negación del estado de bienestar y concentración de la riqueza en pocas manos de corporaciones y cofradías de tinte neocolonialista, que reviven el neofascismo y profundizan la lucha de clases, así como el empobrecimiento de millones de seres humanos, mediante regímenes de corte represiva y autoritaria y que ven en el pueblo al enemigo interno a reprimir , cometer desapariciones forzadas y juzgamientos extrajudiciales, con terribles violaciones de derechos humanos.

En el Ecuador, el proceso electoral de primera y segunda vueltas, tiene algunos matices trizados de irregularidades que los podemos enunciar y mencionar en:

La victoria de Daniel Noboa en las elecciones de Ecuador refleja la renovada influencia del trumpismo en América Latina, donde una derecha autoritaria se aprovecha de la inseguridad para consolidar su poder.

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció el domingo los resultados de la segunda vuelta electoral para el período presidencial 2025-2029. El actual presidente, Daniel Noboa, resultó victorioso con el 55% de los votos, mientras que su oponente, Luisa González, quedó rezagada con el 44% de los sufragios. González declaró inmediatamente que se había producido un fraude electoral, alegando una serie de irregularidades, entre ellas la declaración por Noboa de un «estado de excepción» en siete provincias estratégicas dos días antes de las elecciones. Ahora el mundo se pregunta: ¿Qué escenarios se vislumbran en Ecuador ante la creciente polarización política del país?

Hace dos semanas, durante la recta final de la campaña para la segunda vuelta, el presidente estadounidense Donald Trump recibió en privado a Noboa en Mar-a-Lago. Aunque los detalles de esa reunión no se hicieron públicos, Noboa parece haber recibido «luz verde» para acelerar la deriva autoritaria del país. Luego de esta reunión, una serie de acciones del gobierno de Noboa evidenciaron este giro. Aunque Trump no llegó a respaldar explícitamente a Noboa, la misteriosa reunión simbolizó la adopción por parte de Noboa del «Trump Way»: un estilo «populista de derecha» que se basa en el chantaje como herramienta central. Noboa salió de la reunión prometiendo que Estados Unidos excluiría a los ecuatorianos de las listas de deportación masiva —algo que Washington nunca confirmó—, una cuestión crítica para un país en el que un porcentaje significativo de la población recibe remesas del extranjero, especialmente de los Estados Unidos.

La amenaza de deportaciones masivas se instrumentalizó para influir en el voto. Noboa explotó el miedo a que los emigrantes ecuatorianos acabaran en centros de detención como Guantánamo o en prisiones de El Salvador, poniendo así en peligro el crucial flujo de remesas. Este chantaje, aunque sutil, tocó una fibra sensible: Ecuador fue productor de emigrantes durante décadas, con Estados Unidos como el destino más buscado.

En la primera vuelta del 9 de febrero, Noboa se vio sorprendido por un «empate técnico» con González, la candidata del partido Revolución Ciudadana (RC). En las semanas siguientes, González obtuvo un respaldo sin precedentes por parte del movimiento indígena Pachakutik, que había logrado el 5% de los votos en la primera vuelta y que históricamente se enfrentó a RC. Ante la creciente presión, Noboa necesitaba dar un giro a la campaña. Para ello, tenía que poner más «carne en el asador», lo que significaba ofrecer respuestas espectaculares a la principal preocupación de los ecuatorianos: la violencia criminal.

Tras obtener menos votos que González en la primera vuelta, lo primero que hizo Noboa fue contratar a Erik Prince, fundador de la polémica empresa de mercenarios Blackwater. Prince, que llegó a Ecuador a principios de abril, interfirió directamente en la campaña electoral, desatando una ofensiva mediática contra González.

Luego, dos días antes de la segunda vuelta del domingo, Noboa decretó un «estado de excepción» de sesenta días en siete de las veinticuatro provincias del país, así como en el distrito metropolitano de Quito. Todos estos territorios son estratégicos en el terreno electoral, incluidos los distritos que apoyan a RC. El decreto le otorgó mayores poderes a los militares, suspendió el derecho de libre reunión y autorizó allanamientos sin orden judicial. Además, Noboa retiró el dispositivo de seguridad pública de González un día antes de la segunda vuelta electoral, una medida ampliamente interpretada como una táctica de intimidación política en un país en el que viene aumentando la violencia contra figuras políticas. En 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado apenas dos semanas antes de las elecciones, lo mismo que decenas de alcaldes y congresistas a lo largo de los últimos cinco años.
Un proyecto conservador con ambiciones a largo plazo
Hijo del hombre más rico de Ecuador, Noboa fue inesperadamente elegido por sectores conservadores en la primera vuelta de las elecciones de 2023, después de que el ex presidente Guillermo Lasso abriera el escenario de las elecciones anticipadas a través de un mecanismo constitucional llamado muerte cruzada. Ahora Noboa se posicionó para seguir en el cargo hasta 2033 si es capaz de asegurar su reelección en 2029.

Noboa representa una oportunidad de estabilidad para una derecha que, hasta ahora, no logró consolidar su posición. Ello tras los efímeros gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021), que rompió con el partido del ex presidente Rafael Correa pero gobernó débilmente, y de Lasso (2021-2023), que se vio obligado a convocar elecciones anticipadas tras una serie de protestas y amenazas de destitución. Noboa completa ahora el mandato inconcluso de Lasso. Según un fallo constitucional de 2010, cuando un jefe de Estado completa el mandato de su predecesor tras la aplicación de una muerte cruzada, ese período no cuenta para los límites constitucionales del mandato. Eso significa que Noboa podrá ser reelegido en 2029.

Para ello, Noboa está cortejando el apoyo de Washington, ofreciendo dos bases militares estratégicamente ubicadas: en Manta y en las Islas Galápagos. La propuesta de reabrir la base de Manta reaviva una antigua disputa entre Estados Unidos y el Gobierno de Correa, que expulsó a los militares estadounidenses de la zona en 2009. Mientras tanto, las islas Galápagos, situadas mar adentro en el océano Pacífico, se encuentran cerca de la ruta comercial China-Perú, impulsada por el megapuerto chino de Chancay, al norte de Lima, inaugurado por el presidente chino, Xi Jinping, en noviembre de 2024.

En medio de un clima de violencia generalizada, y con el pretexto de combatir a las bandas de narcotraficantes —que convirtieron a Ecuador, un país que se había mantenido relativamente inmune a los estragos del narcotráfico, a diferencia de sus vecinos Colombia y Perú, en un escenario de violencia sin precedentes—, Noboa impulsa medidas excepcionales que también buscan neutralizar a sus rivales políticos. Basta recordar la incursión del gobierno de Noboa en la embajada de México en Quito en 2024 para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glass, lo que desencadenó una ruptura diplomática con México que sigue sin resolverse. Noboa difumina estratégicamente la línea entre la lucha contra el narcotráfico y el ataque a sus oponentes políticos, una táctica que ahora que se anunciaron los resultados oficiales podrá aplicar con mayor vigor. Dada la negativa del partido RC a reconocer los resultados, parece probable una mayor escalada del conflicto político.
RC rechaza los resultados
El lunes, González denunció fraude, se negó a reconocer el resultado, pidió un recuento y llamó «dictador» al presidente. RC es el partido mayoritario en la Asamblea Nacional y tiene un número significativo de gobernaciones (nueve de veintitrés) y de alcaldías (50 de 221). El mayor reto de González ahora es mantener al partido, ya que varios dirigentes del RC que la reconocen como su candidata optaron por aceptar los resultados.

De cara a la votación, González estableció una alianza sin precedentes con un viejo adversario: el poderoso movimiento indígena, una fuerza política cuyas movilizaciones masivas derrocaron gobiernos en el pasado (como el de Jamil Mahuad en 2000 y el de Lucio Gutiérrez en 2005) y llevaron a otros, como el de Lenín Moreno (2017-2021), al borde del colapso. En octubre de 2019, Moreno se vio obligado a trasladar la sede del Gobierno en medio de masivas protestas. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Lasso, que finalmente convocó a elecciones anticipadas por condiciones de ingobernabilidad.

Para la derecha ecuatoriana, estos episodios representaron intentos fallidos de consolidar un gobierno a largo plazo. Ahora esperan de Noboa un proyecto conservador duradero, capaz de resistir las inevitables olas de protesta que surgirán de los sectores progresistas en respuesta a su agenda neoliberal y represiva. Los movimientos sociales —especialmente la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE)— denunciaron en un comunicado difundido el miércoles los planes de Noboa para un duro ajuste económico y la expansión de proyectos mineros a gran escala.

Esta coalición entre correísmo y el movimiento indígena podría desencadenar una crisis política de grandes proporciones si decide desafiar abiertamente al gobierno, como anticipó González desde la noche de la segunda vuelta. Todo esto apunta a un nuevo y volátil capítulo en la política ecuatoriana, justo cuando Noboa busca imponer medidas económicas y geopolíticas ya impugnadas, incluyendo la construcción de bases militares extranjeras, la ampliación de concesiones mineras y asociaciones con empresas mercenarias.
¿Qué sigue en Ecuador?
El resultado del domingo afianza el proyecto conservador y autoritario de Noboa, ofreciéndole a la derecha una rara oportunidad de estabilidad tras décadas de lucha por mantener el poder más allá de mandatos aislados y plagados de crisis.

Independientemente de si las acusaciones de fraude ganan tracción, lo que está claro es que Ecuador se ha convertido en la primera ficha de dominó que cae en la región bajo la renovada influencia del trumpismo en América Latina. El regreso de Trump a la Casa Blanca logró envalentonar las tácticas represivas y legitimar el chantaje político, y es probable que afecte a las próximas elecciones en toda la región.

Ecuador se perfila ahora como un laboratorio regional de acercamiento al estilo político de Trump: la política del espectáculo (ejemplificada en el referéndum de «mano dura» de mayo de 2024) y las alianzas con actores controvertidos como Erik Prince. Aunque no hay pruebas de fraude masivo, los resultados electorales revelan cómo el trumpismo puede influir en los procesos democráticos.

Según sus promesas de campaña, el siguiente paso de Noboa será probablemente reformar la Constitución de 2008, redactada durante el gobierno de Correa, lo que seguramente provocará enfrentamientos. El presidente ya articuló planes para autorizar bases militares extranjeras en el país —expresamente prohibidas por la Constitución actual— y endurecer las penas criminales.

Pero la resistencia ya se está aglutinando. A finales de marzo, RC y la CONAIE declararon su oposición a cambios constitucionales que «restrinjan los derechos de la naturaleza o vulneren las conquistas sociales de los pueblos indígenas, negros, cholos y montubios». Los movimientos temen que se erradique el carácter plurinacional e intercultural de la actual Constitución.

La cuestión que se plantea es si estas fuerzas chocarán violentamente o forzarán una tensa coexistencia. Mientras tanto, Ecuador navega por aguas turbulentas: entre la sombra de un nuevo autoritarismo y la memoria de su poderoso movimiento social.

El papa Francisco le imprimió a la Iglesia católica un espíritu progresista, limitado pero necesario. Con su sucesor, todo indica que ese impulso corre el riesgo de desvanecerse.

Puede que llegue un momento en el que miremos atrás y consideremos a la última década como una anomalía en la historia moderna de la Iglesia católica. El papa Francisco, figura emblemática de estos años, un radical según los estándares de la jerarquía católica, ya no está y es probable que ahora asistamos a un cambio importante en la orientación política de la Santa Sede. En última instancia, y de forma inquietante, la muerte de Francisco podría significar que el papado acabe alineándose con la extrema derecha global.

No tenía por qué ser así. Elegido en 2013, Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano de la historia, trajo al Vaticano una preocupación por la justicia social arraigada en la radical teología de la liberación de su región natal, junto con un enfoque sin precedentes en las cuestiones medioambientales y los derechos de los migrantes. Se trató de un cambio drástico de prioridades tras los pontificados conservadores de Juan Pablo II y Benedicto XVI, ambos más preocupados por defender la moral tradicional que por revivir los valores cristianos básicos de igualdad y fraternidad.

En contraste, Francisco dedicó dos de sus encíclicas —las declaraciones papales de mayor rango— a cuestiones explícitamente políticas. Laudato si (2015) abordó la crisis medioambiental, mientras que Fratelli tutti (2020) se centró en la justicia social. Esta última afirmaba de manera famosa «el derecho de toda persona a encontrar un lugar que satisfaga sus necesidades básicas», una muestra del apoyo inquebrantable de Francisco a los migrantes en un contexto de creciente sentimiento antiinmigrante en Europa y Estados Unidos. Francisco se mostró bastante abierto en su desprecio público hacia los líderes populistas de extrema derecha como Donald Trump y su compatriota argentino Javier Milei (Milei respondió llamando a Francisco «zurdo asqueroso»).

El papado de Bergoglio también supuso un cambio en la actitud de la Iglesia hacia el género y la sexualidad, aunque no en la medida inicialmente esperada. Su postura sobre la sexualidad fue considerablemente más liberal que la de sus predecesores, como demostró cuando respondió «¿Quién soy yo para juzgar?» cuando se le preguntó sobre la homosexualidad en la Iglesia. Francisco también enfureció a los ultraconservadores cuando abrió la puerta a que los sacerdotes bendijeran a «parejas en situaciones irregulares» (incluidas las parejas del mismo sexo) y sorprendió a muchos al nombrar a mujeres para puestos clave en el Gobierno del Vaticano. Por otro lado, defendió la ortodoxia católica al oponerse al derecho al aborto, incluso en casos de violación. Sorprendentemente, Bergoglio llegó a calificar de «sicarios» a los médicos que practican abortos.

En materia institucional, el balance de Francisco fue igualmente desigual. Desde el principio, se propuso poner orden en la burocracia vaticana, salpicada por los escándalos de corrupción revelados en las «Vatileaks». Llevó a cabo una profunda reforma de las finanzas del Vaticano, que se tradujo en el cierre de 5000 cuentas bancarias sospechosas, la creación de órganos de supervisión y la adopción de normas contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, en 2015, durante su mandato, se produjo otra filtración de documentos comprometedores («Vatileaks 2») y la publicación de los Papeles de Panamá en 2016 reveló la inversión generalizada de la Iglesia en paraísos fiscales. Décadas de venalidad en el Vaticano no se iban a revertir de la noche a la mañana.

Aún más graves fueron los miles de casos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo, muchos de los cuales habían sido deliberadamente encubiertos por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Francisco trató de poner fin a la impunidad de los delincuentes con medidas enérgicas, como lo demuestra la destitución del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, declarado culpable en 2019 de cometer y encubrir agresiones sexuales. También en 2019, el Vaticano celebró una cumbre sobre pedofilia, en la que se establecieron nuevos protocolos para denunciar los abusos. Sin embargo, apenas cinco años después, el primer informe de la Comisión para la Protección de Menores reveló graves deficiencias en la tramitación de las denuncias. Estas reformas se enfrentan ahora a un futuro incierto bajo el mandato del sucesor de Francisco.

Lejos de los turbios dramas que se esconden tras las puertas del Vaticano, la ascensión de Francisco al papado también supuso una ruptura con la orientación geopolítica de sus predecesores, ya que alineó a la Santa Sede mucho más con el Sur Global. Mientras que Juan Pablo II había sido un firme aliado de Washington en la llamada lucha contra el comunismo, Francisco se aseguró de distanciarse de los gobiernos occidentales en cuestiones como las relaciones con China, Ucrania y Palestina.

En 2018, la Santa Sede firmó un controvertido acuerdo con el Gobierno chino que provocó una dura reprimenda por parte de la primera Administración Trump. Más tarde, cuando Rusia invadió Ucrania, llamó al presidente ucraniano y visitó la embajada rusa para expresar su preocupación por el conflicto, un gesto interpretado en Occidente como una excesiva simpatía hacia Vladímir Putin. Por último, el pontífice calificó de «terrorismo» las masacres de civiles perpetradas por Israel en Gaza, en marcado contraste con el silencio (o la complicidad) de la mayoría de los gobiernos occidentales al respecto.

Lo que sucederá tras la muerte de Francisco es una incógnita. El cónclave que elige al próximo Papa combina la pompa religiosa con la intriga política (una característica distintiva de la historia del Vaticano). Cuando muere un Papa, se declara la sede vacante, lo que da inicio al proceso del cónclave, una reunión de todos los cardenales con derecho a voto menores de ochenta años, que tiene lugar entre quince y veinte días después de la muerte del Papa.

Se trata de una reunión secreta en la que los cardenales están aislados del mundo exterior: no tienen acceso a Internet y solo salen de la Capilla Sixtina para comer y dormir en la Casa Santa Marta. El cónclave dura hasta que un cardenal obtiene dos tercios de los votos, lo que suele requerir varias rondas, momento en el que la famosa fumata blanca señala la elección de un nuevo pontífice. Las últimas sucesiones papales se han resuelto en dos o tres días (cada día se celebran dos votaciones).

Entre la muerte del papa y el inicio del cónclave se celebran las Congregaciones Generales, en las que todos los cardenales debaten la situación de la Iglesia. La mayor parte de las maniobras políticas para predeterminar el resultado de la votación tienen lugar aquí. Esta reunión fue clave para la elección de Bergoglio. Como relata Gerard O’Connell en su libro sobre el cónclave de 2013, The Election of Pope Francis, el entonces arzobispo de Buenos Aires ganó popularidad entre los prelados por su firme postura en materia de transparencia financiera, un tema delicado tras las revelaciones de Vatileaks.

Es difícil predecir el resultado del próximo cónclave. Sin embargo, hay razones de peso para creer que el sucesor de Francisco será un Papa más conservador. En primer lugar, su pontificado ha sido muy transformador, tanto a nivel institucional como en su mensaje público, lo que hace poco probable que los cardenales elijan a otro candidato igualmente inclinado hacia la reforma. La Iglesia tiende a resistirse a los cambios radicales y sostenidos.

Quizás lo más importante es que, aunque la Capilla Sixtina tiene muros gruesos, el Vaticano está invariablemente influenciado por las tendencias políticas mundiales. Con Trump en la Casa Blanca y la extrema derecha en auge en todo el mundo, elegir a otro papa tan progresista como Francisco sería nadar contra corriente, y el Vaticano tiene una larga historia de adaptación a las realidades cambiantes en lugar de enfrentarse a ellas. Por eso es probable que la próxima fumata blanca anuncie una figura más conservadora que Jorge Bergoglio. De hecho, el estado de ánimo actual sugiere que bien podría ser una antítesis radical del Papa «izquierdista».

Estados Unidos se formó gracias a la migración. Las pequeñas 13 colonias de la Costa Atlántica se extendieron comprando a Alaska, Luisiana y Florida o invadiendo Hawaii, las Filipinas, Puerto Rico y más de la mitad del inmenso territorio de México. La expansión acompañó el genocidio masivo de los pueblos originarios. En el desierto demográfico así creado se recurrió a dos políticas poblacionales drásticas: la esclavitud perpetua y la temporal.

El ingreso de nuevos pobladores en efecto se produjo mediante el sistema de indentured servants. Para pagar su pasaje al Nuevo Mundo, debían los migrantes comprometerse como sirvientes sin salario por tres a ocho años. Este sistema era peor que la esclavitud, pues el amo debía moderar la explotación del esclavo para que no muriera, mientras que el patrono del sirviente debía exprimirlo lo más posible antes de finalizar su servidumbre. Los sirvientes podían ser vendidos, negociados y revendidos como esclavos y buena parte de ellos debían su condición al secuestro o al engaño. Entre 1630 y 1755 el 48% de los migrantes ingresaron a América del Norte bajo este sistema, que proporcionaba la mayor parte de la fuerza de trabajo hasta que en 1864 la Enmienda 13 de la Constitución prohibió la esclavitud y la servidumbre involuntaria.

Aun así, territorios tan extensos seguían siendo vacíos demográficos. La naciente República abrió sus puertas a la migración, pero tamizada por el racismo. La Ley de Naturalización de 1790 concedió ese privilegio sólo a “gente blanca libre”. Las leyes de inmigración de 1921 y 1924 fijaron cuotas máximas y privilegiaban migrantes de Europa del Norte y del Oeste, mientras restringían a los de Europa del Sur y del Este. Apenas en 1965, la Ley Hart Cellar eliminó nominalmente las cuotas racistas y legalizó el ingreso de oriundos de Asia y América Latina.

La población estadounidense de personas nacidas en el extranjero alcanzó un récord de 47,8 millones en 2023, un incremento de 1,6 millones con respecto al año anterior, el mayor en veinte años desde el 2000. Representan actualmente 14,3% de la población, casi el triple del 4,7% de 1970. Es la proporción más alta desde 1910, pero inferior al récord de 14,8% de 1890. De ese total unos 23,4 millones, el 49% se había nacionalizado; 11,5 millones, el 24% eran residentes legales; y 11 millones, el 23%, eran residentes “no autorizados” o ilegales. (https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/09/27/key-findings-about-us-immigrants/). Todo imperio que desestabiliza al mundo recibe flujos de migrantes de los países desestabilizados.

¿Desequilibran los migrantes el mercado de trabajo, arrebatan sus puestos a los estadounidenses por nacimiento? Para 2022 la fuerza laboral de Estados Unidos era de 171,1 millones, de los cuales 146,6 habían nacido en el país, 22,2 millones eran inmigrantes legalizados, 8,3 millones no legalizados. Éstos representan apenas el 4,8% de la fuerza de trabajo (US Census Boureau Data). La sumatoria de migrantes es comparativamente modesta, y la de no legalizados, todavía menor. Todos desempeñan las labores más duras, desagradables y peor remuneradas, que los nacidos en el país no quieren aceptar. La condición de “no legalizados” les impone aceptar condiciones laborales todavía peores, bajo amenaza de denuncia a la policía migratoria ante el más mínimo desacuerdo o reclamo.

¿De dónde llegan hoy los migrantes a Estados Unidos? De México 10,6 millones, un 23%; de India 2,8 millones, un 6%; de China, 2,5 millones, un 5%; de Filipinas, 2,0 millones, un 4%, de El Salvador, 1,4 millones, un 3% (American Community Survey, Ipums). El presidente de este país, Nayib Bukele, se presta a secuestrar deportados sin fórmula de juicio por una desinteresada cuota de 20.000 dólares anuales. El gran negocio sería que le deportaran toda la emigración salvadoreña en Estados Unidos y cobrara a la potencia norteña por mantenerla encarcelada.

En Estados Unidos los migrantes ilegales viven en 6,3 millones de hogares que cobijan 22 millones de personas, el 4,8% de los 130 millones de hogares del país. En 86% de los primeros el jefe de familia o su esposa son “ilegales”, que conviven con legales o nacionalizados: 4,4 millones de nacidos en el país conviven con ellos. El intento de separarlos crea dramas brutales.

Al asumir el poder, Trump inició una campaña de acoso contra los migrantes materializada en executive orders (decretos), algunas de las cuales violaban principios constitucionales, como la nacionalidad de los nacidos en territorio estadounidense, o el permiso de deportar supuestos enemigos del país sólo en situación de guerra. El resultado fue una cacería humana indiscriminada de migrantes, ejecutada por cazarrecompensas, con la subsiguiente deportación automática, no precedida de juicio, derecho a la defensa ni condena.

La batida barrió todos los ámbitos. El 89% de los republicanos y el 44% de los demócratas opinó que se deberían permitir los arrestos en protestas y concentraciones; 84% de los republicanos y el 44% de los demócratas apoyó que se efectuaran en los hogares; 52% de los republicanos los consideró procedentes en centros de culto religioso. Eran medidas para suscitar terror, y lo lograron: 19% de los adultos declararon preocupación porque ellos, un familiar o un amigo pudieran ser deportados; 30% confesaron extrema preocupación porque se les reclamara probar su ciudadanía o estatus migratorio, 42% de los hispanos temen que ellos o algún allegado sea deportado.

Venezuela ni siquiera figura entre los primeros cinco mayores aportadores de migrantes a la potencia del Norte. Según cifras estadounidenses, apenas unos 270.000. El escándalo mediático, la ilegalidad flagrante y la inhumana humillación que acompañaron la deportación y secuestro en campos de concentración salvadoreños de unos dos centenares de compatriotas no tiene que ver con el volumen de migración de éstos, sino con la rabieta provocada por la acumulada frustración de no poder apoderarse de nuestros hidrocarburos.

El miedo es el modo de vida de los migrantes en la potencia norteña. Vergüenza para un país en el cual la casi totalidad de la población actual desciende de quienes llegaron de afuera.