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Muchas de estas medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido objetadas ante los tribunales que es donde, hasta ahora, han encontrado la mayor resistencia.
Desde su regreso a la Casa Banca el 20 de enero, Donald Trump ha impulsado su agenda de transformaciones a una velocidad vertiginosa.
Ese primer día al frente del gobierno de Estados Unidos eliminó de un plumazo 78 órdenes ejecutivas que había heredado de su antecesor, el demócrata Joe Biden.
A partir de allí, ha emitido decenas de medidas propias que, de llegar a concretarse, no solamente cambiarían el tamaño y la forma de funcionamiento del Poder Ejecutivo en EE UU, sino que además afectarán las potestades de los otros poderes del Estado e incluso cambiarán la manera en la que se aplican y reconocen algunos derechos constitucionales.
Las medidas de Trump han sido recibidas con entusiasmo por gran parte de sus seguidores, que ven en estas órdenes ejecutivas una señal de que Trump planea hacer bueno uno de sus lemas de campaña: «Promesas hechas, promesas cumplidas».
Sin embargo, estas iniciativas preocupan a millones de funcionarios públicos estadounidenses -que ahora no saben si podrán conservar sus empleos-, así como a miles de empresas, ONGs y particulares dentro y fuera de EE UU, que no saben si los fondos, contratos o ayudas que vienen recibiendo seguirán en vigor.
También causan consternación en muchos individuos y familias cuyas vidas están siendo afectadas profundamente por los cambios impulsados por Trump.
1. Derecho a la ciudadanía por nacimiento
Entre estos se encuentran, por ejemplo, mujeres embarazadas que al estar indocumentadas ya no saben si sus hijos podrán acceder a la ciudadanía estadounidense y centenares de miles de migrantes que hasta hace semanas estaban amparados legalmente para permanecer en EE UU por un parole (permiso humanitario) o por un TPS (estatus de protección temporal).
Muchas de estas medidas de Trump han sido objetadas ante los tribunales que es donde, hasta ahora, han encontrado la mayor resistencia.
Al menos seis iniciativas han sido suspendidas por jueces de distintas partes del país, lo que ha generado frustración dentro del gobierno.
«A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo», escribió en X.
«Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenarle al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también es ilegal», apuntó.
Su postura fue criticada por la excongresista republicana Liz Cheney, quien le dijo que si creía que algún tribunal se estaba excediendo con estas medidas podía apelar.
A finales de enero, el gobierno de Trump envió una comunicación a más de dos millones de funcionarios públicos, a quienes se les ofreció la oportunidad de renunciar voluntariamente a sus puestos de trabajo ahora y seguir cobrando unos ocho meses de salario -sin trabajar- a modo de compensación.
El texto fijaba hasta el 6 de febrero como fecha para aceptar esta oferta con la que la Casa Blanca busca reducir la burocracia gubernamental y advertía que no estaba garantizado que quienes no renunciaran pudieran conservar sus empleos.
La iniciativa del gobierno fue cuestionada por las dudas sobre su viabilidad como procedimiento administrativo, así como por su legalidad pues -argumentan los críticos- la compensación ofrecida a quienes renuncien depende de fondos que el Congreso aún no ha aprobado para tal fin.
Cuatro sindicatos de funcionarios públicos, con el apoyo de 20 fiscales generales demócratas, cuestionaron la medida ante los tribunales, señalando que se tratada de un «ultimátum ilegal» que buscaba forzar las renuncias.
«Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenarle al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también es ilegal», apuntó.
Su postura fue criticada por la excongresista republicana Liz Cheney, quien le dijo que si creía que algún tribunal se estaba excediendo con estas medidas podía apelar.
2. Incentivos para la renuncia de funcionarios públicos
El texto fijaba hasta el 6 de febrero como fecha para aceptar esta oferta con la que la Casa Blanca busca reducir la burocracia gubernamental y advertía que no estaba garantizado que quienes no renunciaran pudieran conservar sus empleos.
La iniciativa del gobierno fue cuestionada por las dudas sobre su viabilidad como procedimiento administrativo, así como por su legalidad pues -argumentan los críticos- la compensación ofrecida a quienes renuncien depende de fondos que el Congreso aún no ha aprobado para tal fin.
Cuatro sindicatos de funcionarios públicos, con el apoyo de 20 fiscales generales demócratas, cuestionaron la medida ante los tribunales, señalando que se tratada de un «ultimátum ilegal» que buscaba forzar las renuncias.
3. El fin de USAID
El nuevo gobierno ordenó la paralización de casi todos los programas de ayuda internacional, el regreso inmediato de todo el personal que trabaja fuera de EE UU y anunció que miles de empleados quedarían suspendidos de sus funciones.
Creada a inicios de la década de 1960, esta agencia opera en más de 60 países alrededor del mundo, realizando numerosas operaciones humanitarias: desde el envío de alimentos a zonas en riesgo de hambruna hasta la gestión de programa de salud para, por ejemplo, repartir vacunas contra la polio en países donde aún circula el virus que causa esta enfermedad.
El pasado 7 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente un plan del gobierno de Trump -y, en concreto, del Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk- para suspender de sus funciones a unos 2.200 empleados de USAID.
El juez Carl Nichols también ordenó que se permitiera el regreso a sus labores de otros 500 funcionarios que habían sido suspendidos previamente y ordenó que aquellos empleados de la agencia fuera de EE UU no sean repatriados antes del 14 de febrero a la medianoche.
Estas medidas temporales responden a demandas iniciadas por sindicatos que denuncian que el gobierno de Trump quiere reducir el número de empleados de USAID de 14.000 a solamente 300.
4. Congelación de las ayudas públicas
El gobierno de Trump ordenó congelar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos federales.
La iniciativa fue ejecutada a través de la Oficina de Administración y Presupuesto, que ordenó a las agencias federales que «suspendieran temporalmente todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal».
Su aplicación, no obstante, provocó confusión y malestar entre quienes reciben estos fondos (como organizaciones sin fines de lucro y de investigación), pues se enfrentaron a la posibilidad de perder rápidamente su financiación que se destina a múltiples asuntos: desde ayuda en caso de desastres hasta investigación sobre el cáncer.
5. Traslado de mujeres transgénero presas a cárceles de hombres
Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump limitaba el reconocimiento del género de las personas, según el sexo asignado al nacimiento.
En ese contexto, se ordenó a las autoridades carcelarias transferir a las mujeres transgénero a prisiones de hombres y poner fin a sus terapias hormonales.
Organizaciones que defienden los derechos de las personas transgénero criticaron la medida, alertando que su aplicación las podría ponerlas en peligro.
«Habrá violaciones y agresiones físicas debido a esta política», dijo Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas
6. El acceso de Elon Musk a la delicada información de Tesorería
El pasado 8 de febrero, un juez federal emitió una orden preliminar para prohibir el acceso del DOGE (El pasado 8 de febrero, un juez federal emitió una orden preliminar para prohibir el acceso del DOGE a estos datos financieros y ordenó a Musk y a su equipo que destruyan inmediatamente cualquier copia de los registros.
La decisión se produjo a raíz de una demanda de los fiscales generales de 19 estados, interpuesta luego que se supo que Musk y su equipo recibieran este acceso.
Según los demandantes, darle acceso a Musk, un «empleado especial del gobierno», y a DOGE, que no es un departamento oficial del gobierno, viola la ley federal.) a estos datos financieros y ordenó a Musk y a su equipo que destruyan inmediatamente cualquier copia de los registros.
La decisión se produjo a raíz de una demanda de los fiscales generales de 19 estados, interpuesta luego que se supo que Musk y su equipo recibieran este acceso.
Según los demandantes, darle acceso a Musk, un «empleado especial del gobierno», y a DOGE, que no es un departamento oficial del gobierno, viola la ley federal.
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