El Derecho Internacional ha sido ultrajado frente al ataque militar de EE. UU. contra Venezuela

El ataque militar ordenado por un presidente de Estados Unidos contra Venezuela, acompañado de la detención arbitraria e ilegal de Nicolás Maduro sin autorización internacional ni estado de guerra reconocido, constituye una grave transgresión del derecho internacional.

Redacción: Enfoques

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, múltiples normas y tratados internacionales habrían sido vulnerados, lo que podría acarrear responsabilidad internacional tanto para el Estado como para sus líderes individuales.

Violación de la Carta de las Naciones Unidas

El artículo 2.4 de la Carta de la ONU establece de forma categórica la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Un ataque militar unilateral contra Venezuela, sin resolución del Consejo de Seguridad, constituiría un acto de agresión y una violación directa de este principio fundamental del derecho internacional.

Asimismo, el artículo 2.7 consagra el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. La captura de un jefe de Estado y la imposición de una transición política desde el exterior representa una injerencia inadmisible en la soberanía venezolana.

Capítulo VII de la Carta de la ONU

El uso legítimo de la fuerza solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, conforme a los artículos 39 al 42 del Capítulo VII. Si no existió una resolución que habilitara la acción militar, cualquier operación coercitiva sería ilegal y contraria al orden jurídico internacional.

Convenciones de Ginebra y el derecho humanitario

El artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra prohíbe expresamente las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y los ataques en contextos donde no existe un conflicto armado reconocido. Una intervención armada en Venezuela sin declaración de guerra ni hostilidades formales violaría estos principios del derecho internacional humanitario.

Inmunidad de jefes de Estado en funciones

El derecho internacional consuetudinario, respaldado por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, reconoce la inmunidad penal y de arresto de los jefes de Estado en ejercicio. La detención de un presidente en funciones sin un proceso internacional válido sería una infracción grave de esta norma, socavando la estabilidad de las relaciones internacionales.

Crimen de agresión según el Estatuto de Roma

El artículo 8 bis del Estatuto de Roma tipifica como crimen internacional el acto de agresión que viole la Carta de la ONU. Aunque Estados Unidos no es parte del Estatuto, sus líderes podrían enfrentar responsabilidad penal individual ante la Corte Penal Internacional si se demuestra que planificaron o ejecutaron un ataque armado contra la soberanía de otro Estado.

La responsabilidad internacional del presidente que emitiera dicha orden, como en este caso lo hizo Donald Trump, podría enfrentar responsabilidad penal individual bajo la doctrina de mando. Este análisis jurídico subraya la importancia del respeto al derecho internacional como pilar del orden global y la paz entre las naciones.