Redacción: Enfoques
El presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, regresaron esta semana a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para enfrentar su segunda audiencia. El proceso judicial se vio enmarcado por la denuncia de su defensa sobre un "bloqueo ilegal" de los fondos necesarios para sufragar los honorarios de sus abogados, reporta El Universal.
En una concentración a las afueras de la Corte, diversos movimientos sociales de Estados Unidos expresaron su rechazo al proceso. Los manifestantes calificaron el juicio de "ilegal y ficticio", exigiendo la liberación inmediata de ambos. Simultáneamente, en Caracas, una movilización mostró apoyo al mandatario.
Los abogados de la pareja presidencial venezolana alegaron ante el juez Alvin Hellerstein que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había revocado las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para costear su defensa legal. Esto, a criterio de la defensa, dejaba a sus representados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes.
Una cuestión legal
El presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, regresaron esta semana a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para enfrentar su segunda audiencia. El proceso judicial se vio enmarcado por la denuncia de su defensa sobre un "bloqueo ilegal" de los fondos necesarios para sufragar los honorarios de sus abogados, reporta El Universal.
En una concentración a las afueras de la Corte, diversos movimientos sociales de Estados Unidos expresaron su rechazo al proceso. Los manifestantes calificaron el juicio de "ilegal y ficticio", exigiendo la liberación inmediata de ambos. Simultáneamente, en Caracas, una movilización mostró apoyo al mandatario.
Los abogados de la pareja presidencial venezolana alegaron ante el juez Alvin Hellerstein que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había revocado las licencias que permitirían usar activos del Estado venezolano para costear su defensa legal. Esto, a criterio de la defensa, dejaba a sus representados en una situación de indefensión al no poder elegir libremente a sus representantes.
Una cuestión legal
El abogado defensor Barry J. Pollack presentó ante el Tribunal un memorial de derecho en apoyo a la moción para desestimar todos los cargos. El argumento central de la defensa se basó en la violación activa de la Sexta Enmienda constitucional de Estados Unidos y el derecho al debido proceso, garantizados a todo acusado en suelo estadounidense, al impedir que Venezuela financiara la defensa de su jefe de Estado.
Los hechos documentados por la defensa revelaron una secuencia calificada como intervención política directa. El 7 de enero, los abogados solicitaron a la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, las licencias necesarias para recibir fondos del Estado venezolano.
Dos días después, el 9 de enero, las obtuvieron. Sin embargo, menos de tres horas después de la emisión, la OFAC publicó una versión enmendada exclusiva para Maduro que prohibía recibir ese financiamiento. La licencia de Flores no fue modificada. Este proceder fue señalado por la defensa como contrario a la práctica histórica de la agencia. Un experto declaró bajo juramento que jamás había conocido una negativa de la OFAC ante una solicitud de ese tipo.
Obligación estatal
El escrito legal adjuntó la declaración jurada del jurista venezolano Henry Rodríguez Facchinetti, quien certificó que la legislación venezolana obliga al Estado a cubrir los gastos legales de su presidente. El propio mandatario venezolano declaró bajo juramento carecer de recursos propios para su defensa personal.
La argumentación de la defensa se basó en jurisprudencia federal precisa, citando el caso United States v. Stein (2008), donde el Segundo Circuito estableció que el Gobierno no puede interferir con el pago de honorarios por terceros sin violar la Sexta Enmienda. Según esta doctrina, la expectativa de Maduro de recibir ese financiamiento constituía un derecho de propiedad legalmente protegido.
La dificultad para sostener la postura de Washington radicó en que la misma agencia responsable del bloqueo tomó, en paralelo, decisiones que apuntaron en sentido contrario. Por ejemplo, el 23 de enero, los abogados solicitaron autorización para financiar un viaje a Venezuela con fines investigativos, indispensable en un caso cuyos hechos alegados se extendían a lo largo de 25 años y ocurrieron en su totalidad fuera de Estados Unidos. La OFAC tampoco respondió a esta solicitud.
El juez Alvin Hellerstein prometió emitir una decisión oficial sobre si ordenaría a la Administración de Donald Trump permitir el acceso a los fondos para la defensa, aunque aclaró que el proceso judicial seguiría su curso, independientemente del método de pago de los abogados.
Expresión de agradecimiento por la solidaridad
Desde Venezuela, el diputado a la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra aseguró en una concentración en Caracas que el país "está firme y de pie" y llamó a los ciudadanos a unirse en defensa del mandatario. El diputado destacó que los venezolanos "no son criminales", sino "gente decente y trabajadora", y rechazó las acusaciones internacionales.
El diputado Jorge Arreaza, por su parte, publicó videos de la concentración en Nueva York, y expresó que "el secuestro del presidente Maduro y la primera combatiente Cilia Flores es el punto más bajo de la diplomacia estadounidense. Han violentado la soberanía de Venezuela, pero no podrán quebrar la dignidad de un pueblo que exige, junto a los movimientos sociales del mundo, su libertad inmediata".
Maduro Guerra también agradeció el respaldo ciudadano y subrayó que Venezuela no debía convertirse en una colonia, sino mantenerse como una nación soberana e independiente.

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