La acción ante Ministerio Público, Nueva Esparta, se origina en daños irreversibles a manglares y fauna silvestre, causados por remoción de capa vegetal y tala indiscriminada de manglares en el área de la Laguna Blanca
Redacción: Enfoques
De acuerdo al diario VEA, un grupo de ciudadanas y ciudadanos venezolanos, actuando en defensa de los intereses colectivos de los habitantes de la isla de Margarita, interpuso este lunes una denuncia formal de carácter penal ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Bolivariano Nueva Esparta. La acción legal responde a la presunta comisión de delitos ambientales vinculados a la ejecución del proyecto denominado “La Caracola Pádel Center & Resort”.
Un ecosistema en riesgo crítico
Según los hechos expuestos en la denuncia, se ha evidenciado el inicio de actividades de remoción de capa vegetal y tala indiscriminada de manglares, en el área de la Laguna Blanca (Laguna del Morro).
Los denunciantes advierten que esta intervención representa un ecocidio irreparable, en un ecosistema que goza de estatus legal como Zona Protectora y Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).
Quienes han interpuesto dicha denuncia piden al organismo del poder ciudadano medidas precautelativas inmediatas, incluyendo la paralización total e inmediata de las actividades de la obra, así como iniciar una investigación sobre los funcionarios que otorgaron la permisología y las autoridades que promovieron el proyecto, ya que los criterios que aplicaron “atentan contra la sustentabilidad de la isla ante los riesgos del cambio climático”.
La zona afectada es el tercer humedal con mayor presencia de flamencos (Phoenicopterus ruber) en la isla, sirviendo de refugio vital para una población de más de 4.500 individuos. La denuncia se ampara en diversos artículos de la Constitución Nacional y leyes ambientales, destacando que: Las costas marinas son bienes de dominio público. Se vulnera el derecho a un ambiente sano y la preservación de la biodiversidad.
La zona afectada es el tercer humedal con mayor presencia de flamencos (Phoenicopterus ruber) en la isla, sirviendo de refugio vital para una población de más de 4.500 individuos. La denuncia se ampara en diversos artículos de la Constitución Nacional y leyes ambientales, destacando que: Las costas marinas son bienes de dominio público. Se vulnera el derecho a un ambiente sano y la preservación de la biodiversidad.
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