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En Nueva Esparta, la palabra "sindicato" ha sufrido una mutación peligrosa. Originalmente, un sindicato es la unión de los más débiles para buscar justicia. Sin embargo, el Sindicato Único de Trabajadores del Transporte (SUTTENE) ha dejado de ser la voz del chofer para convertirse en el escudo de los dueños de flotas. Hoy, SUTTENE se comporta como un gremio patronal —al estilo de Fedecámaras o Consecomercio— pero con una diferencia letal: tienen el poder de secuestrar la movilidad de toda una isla para imponer su ley.
La Farsa del Sindicalismo
Para el margariteño de a pie, es vital entender esta metamorfosis. SUTTENE no negocia contratos colectivos para mejorar el sueldo de un trabajador; negocia la rentabilidad de un negocio privado. Su lenguaje no es el de la reivindicación obrera, sino el de la estructura de costos. Al operar como un cartel, eliminan la competencia y fijan tarifas que no responden a la calidad del servicio, sino a la voracidad de un grupo que posee los medios de producción: los autobuses.
El Calendario de la Asfixia: 2025-2026
La investigación de los últimos siete meses revela una estrategia de asalto progresivo al bolsillo del ciudadano. No han sido aumentos casuales, sino golpes coordinados:
Octubre 2025: Se impuso la tarifa de 40 Bs. Apenas días después, el gremio ya la tildaba de "obsoleta", usando la devaluación como pretexto para preparar el siguiente salto.
Diciembre 2025: Aprovechando la necesidad de movilidad decembrina, la tarifa subió a 60 Bs. SUTTENE utilizó la falta de combustible en la estación Matasiete como medida de presión para forzar el brazo de las autoridades municipales.
Marzo 2026 (Gaceta 43.335): El golpe final. El pasaje mínimo saltó a 100 Bs. Para un trabajador que depende de dos rutas diarias, esto representa destinar el 30% de su ingreso mensual solo para ir a trabajar. Es una transferencia directa de riqueza: de la mesa del trabajador al tanque del transportista.
La Extorsión de la "Inoperatividad"
El argumento estrella de José Luis Isase, presidente de SUTTENE, para justificar estos saltos es la supuesta "inoperatividad" de la flota. Pero aquí hay que ser contundentes: esta no es la crisis de 2018. En 2018, Margarita vivió un colapso real: no había cauchos, aceites ni repuestos; las "perreras" eran el único refugio.
En 2026, las tiendas de repuestos en Porlamar y Mariño están llenas. Lo que el gremio llama "inoperatividad" es en realidad una extorsión económica. Utilizan el nuevo recargo del 20% por "Condición de la Flota" aprobado en la última Gaceta para cobrar como "servicio de lujo" unidades que circulan con asientos rotos y sin las mínimas condiciones de seguridad. No es que no puedan operar; es que quieren que el pueblo pague su ineficiencia a precio de dólar.
La Ley de la Selva en la Parada
Más allá de los números y las gacetas, existe una realidad dolorosa que se vive cada mañana en las paradas de la Isla de Margarita: la transgresión sistemática de los derechos de los más vulnerables. Mientras los líderes de SUTTENE se llenan la boca hablando de "costos operativos", sus agremiados ejecutan en la práctica una violación descarada a la normativa legal vigente, especialmente en lo que respecta a nuestros adultos mayores y estudiantes.
La transgresión más grave detectada en esta investigación no es solo el monto del pasaje, sino el desprecio total por la ley. Según la normativa nacional y el análisis de organismos como Acceso a la Justicia, existen derechos irrenunciables que SUTTENE pisotea a diario:
El Abuelo Ignorado y el Estudiante Asfixiado
De acuerdo con lo establecido en la ley y ratificado por organismos como Acceso a la Justicia, la exoneración del pasaje para los adultos mayores (mujeres mayores de 55 y hombres de 60 años) no es una "sugerencia" ni un acto de caridad: es una obligación legal del 100%. Sin embargo, en el transporte de Nueva Esparta, ser anciano se ha convertido en una causa de humillación. A diario vemos cómo se les niega el acceso a la unidad o se les obliga a pagar una tarifa que por derecho no les corresponde.
Lo mismo ocurre con el Pasaje Preferencial Estudiantil. La normativa es clara: el estudiante debe pagar solo el 50% de la tarifa. Pero en la "República Independiente de SUTTENE", el uniforme escolar ya no es garantía de respeto a la ley. Bajo la cínica excusa de que "el Gobierno no paga el subsidio", el transportista traslada su conflicto con el Estado directamente al bolsillo del estudiante, arrebatándole el dinero que muchas veces está destinado a su alimentación o materiales de estudio.
Este cobro ilegal a quienes legalmente están exonerados es, técnicamente, una forma de carterismo institucionalizado. El transportista decide qué ley cumplir y cuál no, extrayendo un "impuesto" ilegal de los sectores más empobrecidos de la isla.
SUTTENE ha dejado de ser un sindicato para convertirse en un cartel de propietarios que presiona al Gobierno mientras asfixia al pueblo convirtiendo el transporte sea un botín de guerra.
El 2018 fue una tragedia de escasez, pero el 2026 es una tragedia de indolencia y ambición gremial. Si el transporte es un servicio público, debe estar al servicio de la gente, no del patrimonio privado de unos pocos. Es hora de que el margariteño despierte y denuncie: el pasaje no puede costar más que el derecho a comer.
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