Crímenes en el Caribe: senadores exigen respuestas por ataque a sobrevivientes venezolanos

Este incidente ha abierto un debate profundo sobre los límites éticos y legales de las operaciones militares estadounidenses en el extranjero

Redacción: Enfoques

El 2 de septiembre, un presunto barco narcotraficante venezolano fue blanco de un ataque con misiles por parte de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Sin embargo, lo que ha desatado una ola de indignación en el Congreso no fue el ataque inicial, sino un segundo bombardeo dirigido a los sobrevivientes que flotaban indefensos en el agua. Varios senadores republicanos han calificado esta acción como una posible violación del derecho internacional y exigen una investigación inmediata.

El senador Mike Rounds (R-S.D.), miembro del Comité de Inteligencia del Senado, expresó su preocupación por la legalidad del segundo ataque, señalando que matar a sobrevivientes en el agua podría constituir un crimen de guerra. “Primero debemos conocer los hechos”, declaró, subrayando la necesidad de transparencia por parte del Pentágono.

La senadora Susan Collins (R-Maine) advirtió que el asesinato de náufragos sería inaceptable según el derecho internacional. Por su parte, el senador Jim Justice (R-W.Va.) fue más contundente: calificó el ataque de “inaceptable” y expresó su incomodidad con la idea de que se haya ejecutado un segundo bombardeo contra personas indefensas. Agregó además que “no entiende” cómo se puede justificar una acción de ese tipo.

El almirante Frank Bradley, quien supervisó la operación, será interrogado en una sesión informativa clasificada ante los comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes. Según informes del Washington Post, Bradley habría ordenado el segundo ataque para cumplir con la instrucción del entonces jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de que no quedara nadie con vida a bordo del barco. El New York Times corroboró esta versión, citando a cinco funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

Hegseth, por su parte, defendió la operación, afirmando que “el almirante Bradley tomó la decisión correcta de hundir el barco y eliminar la amenaza”. No obstante, evitó asumir responsabilidad directa por el segundo ataque, alegando que no permaneció para observar el desenlace de la misión.

El senador Thom Tillis (R-N.C.) calificó la acción como un “error” y pidió esclarecer quién dio la orden final del ataque de seguimiento. La presión sobre el Pentágono crece, y los legisladores insisten en que se rindan cuentas por lo que podría constituir un crimen de lesa humanidad.

Este incidente ha abierto un debate profundo sobre los límites éticos y legales de las operaciones militares estadounidenses en el extranjero. De confirmarse el ataque deliberado a sobrevivientes indefensos, el caso podría tener repercusiones internacionales y sentar un precedente preocupante sobre el uso de la fuerza.