Graves irregularidades del gobierno de Milei en entrega de alimentos a desfavorecidos

La prensa argentina descubrió que el programa social tenía beneficiarios inexistentes o desconocidos, reporta Ultimas Noticias.

Redacción: Enfoques

Un demoledor informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha puesto bajo la lupa la transparencia del Gobierno de Javier Milei. El documento, ya en manos de la Justicia federal, advierte sobre graves irregularidades en la distribución de alimentos a comedores populares, señalando un escenario de descontrol administrativo que impide saber, a ciencia cierta, el destino de toneladas de asistencia social.

La investigación pone el foco en una licitación realizada a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la compra de aceite de girasol y lentejas secas por un monto de 6.700 millones de pesos (aproximadamente 4,6 millones de dólares).

Aunque el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, debía garantizar el almacenamiento y distribución de estos insumos en Buenos Aires y Tucumán, la PIA sostiene que el rastro de la mercadería se perdió en la burocracia estatal. Según el organismo, no existe documentación fehaciente que demuestre que el Estado cumplió con sus obligaciones.

Uno de los puntos más críticos del informe es la imposibilidad de establecer la hoja de ruta de los alimentos. El documento califica la gestión como un terreno «meramente probabilístico», lo cual resulta inaceptable para un sistema de auditoría estatal.

Denuncian entregas fantasmas

El organismo detectó la ausencia sistemática de facturas y constancias de pago. Además, existen registros de mercadería marcada como «entregada» que nunca ingresó formalmente a los depósitos.

Gran parte de los formularios de salida no cuentan con la firma de los destinatarios, lo que impide individualizar quiénes fueron los beneficiarios finales.

«La información proporcionada es antagónica con un informe de trazabilidad real», sentencia la PIA, subrayando que, aunque se sabe que los alimentos salieron de los galpones, es imposible confirmar si llegaron a las manos de quienes más los necesitan.

Este informe no solo cuestiona la logística, sino que golpea directamente el discurso de eficiencia y «limpieza» del gasto público que pregona la administración de La Libertad Avanza. La PIA describe un panorama de «desorganización administrativa» que habría facilitado el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas previamente por la Justicia, las cuales exigían un plan de distribución claro y el origen detallado de cada producto.

Ante la falta de pruebas documentales y la persistencia de «patrones de informalidad», la Justicia deberá determinar ahora si este desorden es producto de la impericia o de una maniobra deliberada para evitar el control público sobre recursos millonarios destinados a la emergencia alimentaria.