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Redacción: Enfoques
Este viernes, un grupo de migrantes venezolanos repatriados denunció haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, tras ser deportados desde Estados Unidos. Las denuncias fueron presentadas en el marco de una jornada de evaluación legal sobre las violaciones a sus derechos fundamentales.
Los testimonios recogidos señalan que los afectados fueron sometidos a golpizas recurrentes, tortura física y psicológica, negligencia médica y condiciones de detención que atentaron contra su dignidad humana. Estas prácticas habrían dejado secuelas físicas y emocionales, incluyendo trastornos de ansiedad, estrés postraumático y problemas de salud persistentes.
Los migrantes también denunciaron haber sido etiquetados injustamente como “terroristas”, lo que generó estigmatización social y obstáculos para su reintegración personal y laboral. En respuesta, exigieron justicia, reparación y el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar que estos hechos no queden impunes.
Asimismo, solicitaron el cumplimiento de la orden emitida por el juez estadounidense James Boasberg, quien instruyó al Gobierno de Estados Unidos a presentar en un plazo de dos semanas un plan para su retorno o, en su defecto, garantizar el debido proceso legal.
Los denunciantes reiteraron que la migración no debe ser criminalizada y que las políticas migratorias deben respetar los principios fundamentales de los derechos humanos. También expresaron su solidaridad con otros migrantes venezolanos que enfrentan situaciones similares y exigieron el respeto a los protocolos internacionales de deportación.
Finalmente, agradecieron las gestiones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que facilitaron su retorno a Venezuela y el reencuentro con sus familias. La defensora de derechos humanos Camilla Fabri acompañó a los afectados durante la jornada, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes.
Este viernes, un grupo de migrantes venezolanos repatriados denunció haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, tras ser deportados desde Estados Unidos. Las denuncias fueron presentadas en el marco de una jornada de evaluación legal sobre las violaciones a sus derechos fundamentales.
Los testimonios recogidos señalan que los afectados fueron sometidos a golpizas recurrentes, tortura física y psicológica, negligencia médica y condiciones de detención que atentaron contra su dignidad humana. Estas prácticas habrían dejado secuelas físicas y emocionales, incluyendo trastornos de ansiedad, estrés postraumático y problemas de salud persistentes.
Los migrantes también denunciaron haber sido etiquetados injustamente como “terroristas”, lo que generó estigmatización social y obstáculos para su reintegración personal y laboral. En respuesta, exigieron justicia, reparación y el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar que estos hechos no queden impunes.
Asimismo, solicitaron el cumplimiento de la orden emitida por el juez estadounidense James Boasberg, quien instruyó al Gobierno de Estados Unidos a presentar en un plazo de dos semanas un plan para su retorno o, en su defecto, garantizar el debido proceso legal.
Los denunciantes reiteraron que la migración no debe ser criminalizada y que las políticas migratorias deben respetar los principios fundamentales de los derechos humanos. También expresaron su solidaridad con otros migrantes venezolanos que enfrentan situaciones similares y exigieron el respeto a los protocolos internacionales de deportación.
Finalmente, agradecieron las gestiones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que facilitaron su retorno a Venezuela y el reencuentro con sus familias. La defensora de derechos humanos Camilla Fabri acompañó a los afectados durante la jornada, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes.
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