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Aunque el mandatario no se encontraba en el vehículo atacado, la caravana se dirigía a un acto en que se presentaría
Redacción: Enfoques
En medio de un paro nacional que se intensifica día a día, la caravana del presidente Daniel Noboa fue atacada este martes en el cantón El Tambo, provincia de Cañar, al sur de Ecuador.
De acuerdo a Ultimas Noticias, el incidente, ocurrido mientras el mandatario se dirigía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento, refleja su creciente rechazo y el deterioro de la gobernabilidad en el país.
La agresión —que incluyó el lanzamiento de piedras y presuntos disparos contra vehículos oficiales— se da en un contexto de movilización nacional liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que denuncia la represión militar y policial contra comunidades movilizadas.
Según la organización, al menos cinco manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos mujeres de la tercera edad, y se reportan actos de violencia contra comuneros de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris.
La respuesta del gobierno ha sido endurecer la narrativa represiva: la Presidencia calificó el ataque como “terrorismo e intento de asesinato”, mientras la ministra Inés Manzano acudió a la Fiscalía para denunciar una “tentativa de asesinato” contra Noboa.
Sin embargo, líderes sociales advierten que esta estrategia busca criminalizar la protesta y silenciar las demandas legítimas de la población.
El paro, que comenzó tras la eliminación del subsidio al diésel, ha sumado múltiples exigencias: solución a la crisis en salud y educación, respeto al derecho a la protesta, freno a la expansión minera, reducción del IVA, rechazo a la consulta popular impulsada por Noboa y liberación de los detenidos en el marco de las manifestaciones.
El ataque a la caravana presidencial, lejos de ser un acto aislado de radicalización, pone en evidencia el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno y el profundo rechazo que genera entre amplios sectores sociales.
La agresión —que incluyó el lanzamiento de piedras y presuntos disparos contra vehículos oficiales— se da en un contexto de movilización nacional liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que denuncia la represión militar y policial contra comunidades movilizadas.
Según la organización, al menos cinco manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos mujeres de la tercera edad, y se reportan actos de violencia contra comuneros de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris.
Militarización y represión como respuesta al descontento
La respuesta del gobierno ha sido endurecer la narrativa represiva: la Presidencia calificó el ataque como “terrorismo e intento de asesinato”, mientras la ministra Inés Manzano acudió a la Fiscalía para denunciar una “tentativa de asesinato” contra Noboa.
Sin embargo, líderes sociales advierten que esta estrategia busca criminalizar la protesta y silenciar las demandas legítimas de la población.
El paro, que comenzó tras la eliminación del subsidio al diésel, ha sumado múltiples exigencias: solución a la crisis en salud y educación, respeto al derecho a la protesta, freno a la expansión minera, reducción del IVA, rechazo a la consulta popular impulsada por Noboa y liberación de los detenidos en el marco de las manifestaciones.
El ataque a la caravana presidencial, lejos de ser un acto aislado de radicalización, pone en evidencia el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno y el profundo rechazo que genera entre amplios sectores sociales.
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